El Congreso de la República aprobó el 20 de enero último la autógrafa de la “Nueva Ley de Organizaciones de Usuarios”, la que es percibida como una medida riesgosa para la minería, según publica el diario Gestión. Si bien la autógrafa fue observada por el Poder Ejecutivo, se supo que este último presentaría un proyecto alternativo tras la observación. Sin embargo, la Confederación Nacional de Juntas de Usuarios de Agua del Perú (Conajup) planea reunirse con la presidenta Dina Boluarte en las siguientes semanas para que el Ejecutivo retroceda en la presentación del proyecto alterno y se allane el camino para la aprobación por insistencia en el Congreso.

En un documento del Ministerio de Energía y Minas (Minem), ese despacho señala que la regulación propuesta por el Legislativo determina la exclusión de la participación de los usuarios no agrarios, como el sector minero, en la gestión del agua. Asimismo, critica la transferencia de la infraestructura hidráulica mayor (hoy a cargo de los gobiernos regionales) a las Juntas de Usuarios. El proyecto del Congreso puede dar paso a la politización y ocasionar inseguridad en el abastecimiento de agua para actividades productivas.

El Minen cuestiona que, según el proyecto de ley, se proponga que los usuarios no agrarios (principalmente, empresas mineras e industriales) se integren a las Juntas de Usuarios de Agua (JU) para que, a través de estas, puedan participar en la gestión de los recursos hídricos.

Considera esta propuesta inviable, pues las JU, por su naturaleza agraria, presentan diferentes intereses a los de los usuarios de agua no agrarios, y porque, en la práctica, se estaría eliminando los derechos de participación de estos últimos en la gestión de los recursos hídricos.

Julian Li, socio del área de recursos hídricos de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria, en declaraciones a Gestión, señaló que este punto es ambiguo, por lo que es entendible que se perciba como un riesgo para las operaciones mineras. Explicó que si bien puede parecer que no es obligatorio que los usuarios no agrarios formen parte de la JU, no se deja en claro cómo podrían ser representados finalmente.

“La regulación complementaria [ley de recursos hídricos] a esta ley establece la posibilidad de que los usuarios con sistemas [de abastecimiento] propio, como las mineras, puedan tener sus propios sistemas de organización de usuarios, pero no se hace referencia a esto en la autógrafa. Se tiene que dejar esta claridad, pues la ambigüedad imprime riesgos a contemplar”, anotó.

Respecto del segundo punto de la propuesta legal rebatida por el Minem, dicho ministerio indicó que es inviable porque, entre otras razones, las JU no cuentan con capacidad para administrar los referidos bienes [infraestructura mayor], que requieren seguros especiales [financiamiento] para casos de contingencia. Li mencionó que el hecho de que las JU tengan control de esos bienes consolida el temor que podrían tener las mineras frente a la norma.