Entre junio y julio se registraron 100 casos de conflictos sociales, de los cuales 6 alcanzaron el nivel de riesgo crítico; 39, el nivel de riesgo inminente; 33, el nivel de riesgo intermedio; y 22, el nivel de riesgo bajo, de acuerdo con el informe Willaqniki, elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros.
Según el citado documento, por zona de ubicación, la Unidad Territorial con mayor cantidad de casos identificados fue la Sureste con 24 casos, seguido por las unidades territoriales de Amazonía con 20 casos, Corredor Vial Sur con 17 casos, Norte con 13 casos, Suroeste con 12 casos, Centro con 10 casos y Nacional Lima-Ica con 4 casos.
Del número total de conflictos sociales reportados durante el sexto y séptimo mes de este año, 46 corresponden a casos asociados a la actividad minera, siendo el tipo de caso más recurrente durante el período en evaluación; y, de estos casos relacionados con la minería, el 39% fueron reportados en la Unidad Territorial del Corredor Vial Sur.
Con base en los conflictos sociales mineros, 2 casos se encuentran en situación crítica, es decir, aquellos que presentan un nivel de riesgo muy alto para la gobernabilidad democrática, la gobernanza territorial, el orden público y los derechos fundamentales, y que por tanto requieren la intervención de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo.
Bajo esta premisa, los conflictos en mención tratan sobre la problemática entre los pobladores del anexo de Machcan del distrito de San Francisco de Asís de Yarusyacan – Pasco, en contra de la empresa Nexa Resources; y sobre la conflictividad en la provincia de Pataz por movilizaciones en contra de las empresas mineras Marsa y Poderosa.
Por otro lado, también se advierten 27 casos de conflictos sociales mineros en situación de riesgo inminente, es decir, aquellos casos que tuvieron un riesgo alto de afectar la gobernabilidad democrática y el orden público, y que por tanto tuvieron la atención oportuna del Poder Ejecutivo para evitar que escalen a una situación de crisis.
Respecto a lo anterior, se puede ejemplificar el caso de 13 comunidades originarias de Espinar que demandan consulta previa del proyecto minero Antapaccay y denuncian posible afectación ambiental; o el de la oposición de autoridades y dirigentes de la cuenca de Llallimayo a las actividades mineras de Aruntani SAC y CIEMSA Águilas.
Sobre la base de los 100 conflictos sociales reconocidos a nivel nacional, aparte de los 46 casos relacionados a la minería, también existen casos asociados a los bienes y servicios públicos (17), hidrocarburos (14), infraestructura (9), hídrico (4), gobernabilidad (4), minería ilegal (3), agrario (3) y otros (1), de acuerdo con el informe Willaqniki.
