Según publica el diario El Mercurio, ayer jueves se llevó a cabo una audiencia entre representantes de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) del Gobierno chileno y la directiva del consorcio CBM, conformado por la chilena Movitec y la estatal bielorrusa Belaz, para abordar las consecuencias diplomáticas de la decisión de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) de terminar anticipadamente el contrato con esta compañía, a cargo de las faenas del proyecto Rajo Inca.
El consorcio se adjudicó la licitación por movimiento de tierras en marzo de 2021, y al poco andar, evidenció brechas asociadas a las metas de gestión establecidas, produciendo -según acusan desde la cuprífera- un retraso de doce meses en la materialización de las obras, y un deterioro en la producción que se calcula podría llegar a un rango de 90 mil a 100 mil toneladas entre 2023 y 2025.
La estatal chilena además apuntó a incumplimientos legales en materia de seguridad “cuyo punto de quiebre fue el accidente fatal en julio de 2022 que costó la vida del trabajador Rubén Trigo”.
En la cita estuvieron presentes Rostislav Lavrenov, presidente de Belaz Latinoamerica; Josip Zekul, gerente general de Movitec; y Antonio Saavedra, abogado del consorcio Belaz.
Mientras que por el lado del Gobierno del país vecino participaron Sebastián Gómez, director general de Asuntos Económicos Bilaterales de la Subrei, y Cristián Toloza, director de división Europa de la dirección general de Relaciones Económicas Internacionales.
De acuerdo a una minuta a la que tuvo acceso El Mercurio, Belaz señala que “el pleno desarrollo del diálogo constructivo y las relaciones amistosas con la República de Chile siempre ha tenido y sigue teniendo un lugar especial en la política exterior de la República de Bielorrusa, y considera que la implementación de proyectos conjuntos de mutuo beneficio en la esfera económica es un elemento importante de la cooperación bilateral, lo cual responde plenamente a los intereses de ambos países”.
La estatal bielorrusa solicitó la “intervención de la Cancillería de Chile, a través de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, para que mediante de sus buenos oficios medie en la pronta solución de este conflicto entre las empresas estatales de ambos países”.
“Afianzar, a través de esta plataforma, la inversión bielorrusa en Chile y la protección mutua de los proyectos comerciales de ambas naciones, en ambientes no discriminatorios y en igualdad de trato, como ha ocurrido otras ocasiones en conflictos similares”, cerró la firma.
Al respecto, Saavedra comentó que “la Cancillería reconoció en esta reunión el rol estratégico que cumple Chile en la expansión de la empresa bielorrusa para Latinoamérica y la inseguridad para este plan que significó la decisión de Codelco. Los futuros negocios de esta empresa estatal extranjera en nuestro país se ponen en riesgo y eso quedó claro en la cita”.
“La Cancillería se comprometió a realizar consultas para evaluar la situación y las posibles repercusiones en nuestras relaciones económicas internacionales con Bielorrusia”, acotó. Perjuicios económicos Respecto a los perjuicios económicos ocasionados, Belaz señala que “a la fecha se encuentran aún en la mina los camiones y maquinarias del Consorcio, yacimiento que no está en operaciones. El avalúo de estos equipos y camiones es de aproximadamente US$160 millones”.
“Tampoco a la fecha se ha generado ni resuelto el pago al Consorcio de la suma aproximada de US$60 millones por los siguientes conceptos: estados de pagos pendientes por obras ejecutadas y aceptadas, por más de US$10 millones; pago a proveedores de labores prestadas y aceptadas, por aproximadamente US$20 millones”.
