Distintas organizaciones civiles, ambientales y el Comité de Defensa del Agua se movilizaron por las calles de Iquitos en rechazo a una concesión minera otorgada en la cuenca del río Nanay, el cual abastece a casi 500 000 personas.
Iquitos es una ciudad ubicada en la provincia de Maynas, en la región Loreto, donde en octubre se realizó la Primera Marcha por la Vida, para exigir la defensa del río Nanay y evitar la contaminación por minería. Esta vez la Segunda Marcha de la vida concentró a más de cinco mil personas, quienes se movilizaron bajo el lema “Sin Nanay vida no hay”.
“El agua que cuidamos en el Alto Nanay es para la ciudad de Iquitos. Hago un llamado desde aquí al presidente regional a actuar frente a esta problemática”, expresó Marcelina Angulo, presidenta del Comité de Gestión de Alto Nanay Pintuyacu Chambira, quien viajó a Iquitos para participar en la marcha en representación de su comunidad.
Por su parte, José Manuyama, defensor ambiental que encabeza esta lucha, también hizo un llamado al gobernador regional de Loreto. “Le pedimos que dé un paso más allá del pronunciamiento que hizo sobre la concesión, que imponga medidas legales efectivas y se pronuncie de forma contundente acerca de la minería ilegal en el Nanay, tema del cual hemos escuchado muy poco o casi nada de parte suya desde que asumió su gestión”, indicó.
La contaminación ya es una realidad
Cómo ha venido evidenciado en imágenes presentadas por la empresa prestadora del servicio de agua potable en la ciudad de Iquitos, Sedaloreto, las aguas del río Nanay ya evidencian un cambio en su fisiología. “El color del agua ha cambiado, ahora tiene más sedimento”, manifiestan pobladores de la zona. Asimismo, según indican los pobladores ya se empiezan a vivir afectaciones en la salud, sobre todo de los más pequeños.
“Nosotros estamos tomando esa agua, usándola para preparar nuestros alimentos, de ese río pescamos, pero ya no es un río limpio. Los niños ahora tienen infecciones, enfermedades diarreicas”, señala Alicia Piña, de la comunidad de Mishana, la cual se sitúa en la parte baja de la cuenca del Nanay. Ella también advierte que serían las comunidades del bajo Nanay las más afectadas, pues las aguas de la parte alta del río bajan hacia ellos arrastrando toda la contaminación en el camino.
Fiscalía investiga a presidente de Ingemmet
Como se recuerda, el pasado 31 de agosto, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) otorgó el título de la concesión minera Raíces Gaddaffy a Ricardo Moreno Valderrama, gerente general de una empresa con el mismo nombre. Esta noticia despertó rápidamente una ola de indignación de parte de la ciudadanía de Iquitos y la crítica de distintas organizaciones ambientales que cuestionaban que se permitiese minería en la cuenca del Nanay.
En este contexto, el exfiscal ambiental Alberto Caraza presentó una denuncia en contra de Henry John Luna Córdova, presidente del Ingemmet por presuntamente haber otorgado la mencionada concesión minera, la cual abarca una parte del Nanay dentro de las mil hectáreas en las que se expande.
El Ministerio Público inició una investigación por este caso.
De esta manera, trascendió que la carpeta fiscal que investiga el presunto delito ambiental en la modalidad de otorgamiento ilegal de derechos en agravio del Estado deberá ser remitida a la Dirección del Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (PNP) para que en un plazo no mayor de 60 días reciba la declaración de los denunciantes y la respuesta del presidente del Ingemmet sobre las acusaciones en su contra.
Además, Yusen Caraza ha presentado una denuncia administrativa ante la Contraloría General de la República contra Henry John Luna Córdova por presuntamente no haber observado la normativa relacionada con la protección del río Nanay.
Por su parte, el Ingemmet emitió un comunicado en respuesta a la denuncia presentada antes la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (Fema) en la que indican que esta “no se ajusta a la verdad en varios aspectos”.
“Es importante destacar que una concesión minera no autoriza ni permite el inicio de actividades mineras, ni implica la ocupación de territorios ni derechos sobre otros recursos naturales ajenos a la minería. La información está basada en información tendenciosa y sesgada, que parten de conceptos falsos como el de sugerir que las concesiones mineras otorgan libertad total para realizar actividades sin restricciones”, se lee en el texto.
