La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expresó que otorgar un nuevo apoyo financiero a Petroperú por US$ 2.000, mediante una garantía a un préstamo, implicará que el Estado asuma un riesgo fiscal sin visos de una reestructuración real y técnica de la petrolera estatal.
“La crisis financiera de Petroperú es pública desde hace años, pero ya no es viable continuar dándole fondos o garantías ante la falta de evidencias de que se está buscando corregir su situación económica y operativa, así como de los avances concretos en su proceso de reestructuración y buena gobernanza que ofrecieron en su oportunidad las autoridades”, comentó el gremio minero energético.
La SNMPE señaló que Petroperú no puede seguir operando en base al apoyo financiero que le viene dando el Estado, el cual solo en el periodo de 2017 a 2024 ascendió a más de US$ 5,225 millones, desviando recursos que podrían servir para mejorar los servicios de salud, educación, saneamiento, entre otros, que necesita la población que viven en zonas de extrema pobreza.
“Hemos manifestado en reiteradas oportunidades que es importante para el país y las arcas fiscales, que la petrolera estatal compita en igualdad de condiciones con otros agentes del mercado, tanto en el segmento upstream como en el downstream”, indicó el gremio, al alertar que los lotes petroleros que le fueron entregados a Petroperú en los últimos años, hoy se encuentran paralizados o con niveles de producción reducidos.
Asimismo, puntualizó que con el transcurrir de los meses se ha perdido el apoyo político a los objetivos que se plantearon a través del D.U. N° 10 – 2025 que buscaban una solución integral a la crisis de Petroperú; y que lamentablemente, se agudiza la inestabilidad de la petrolera estatal con los sucesivos cambios de directorios y la dación de medidas paliativas.
La SNMPE informó que, en la actualidad, la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) que aún no honra el Estado peruano con las empresas hidrocarburíferas que operan en el país asciende a más de 900 millones de soles y que esta situación, más allá del impacto que genera en los agentes del sector y la falta de predictibilidad, no permite el funcionamiento adecuado de este mecanismo destinado a mitigar el efecto económico que a la fecha genera la volatilidad de los precios internacionales de los combustibles.
