Diego Ortega: “La minería responsable del siglo XXI no puede limitarse a cumplir estándares; debe ser un verdadero catalizador de desarrollo”

"En un escenario global de alta competencia por minerales críticos, los países que liderarán serán aquellos que combinen su potencial geológico con instituciones sólidas y una visión de largo plazo", recalca el presidente del XVI Simposio Internacional de Minería.

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El presidente del XVI Simposio Internacional de Minería y vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Anglo American Perú, Diego Ortega, destaca que la riqueza geológica no basta: la clave está en institucionalidad sólida, gobernanza territorial y beneficios concretos para las comunidades.

Perú es rico en cobre y minerales críticos. ¿Qué condiciones concretas debe garantizar para convertir esa riqueza en ventaja estratégica frente a otros países? 

Perú cuenta con una de las riquezas geológicas más relevantes del mundo en cobre y otros minerales críticos. Sin embargo, en el contexto actual, esa ventaja ya no es suficiente por sí sola. Para convertirla en una ventaja estratégica real, el país debe garantizar cinco condiciones clave: estabilidad jurídica, predictibilidad regulatoria, eficiencia en la gestión de permisos, fortalecimiento de la gobernanza territorial e inversión en infraestructura.

A ello se suma un elemento cada vez más determinante: la capacidad de traducir la actividad minera en beneficios concretos para la población. La competitividad hoy no solo se mide en costos o recursos, sino también en legitimidad social.

El XVI SIMPOSIO convoca a líderes empresariales, autoridades, expertos, la academia y la sociedad civil para discutir los desafíos estructurales del sector con una visión estratégica nacional y global.

En un escenario global de alta competencia por minerales críticos, los países que liderarán serán aquellos que combinen su potencial geológico con instituciones sólidas y una visión de largo plazo. En ese contexto, la inversión tenderá a dirigirse hacia entornos predecibles y confiables.

Para Perú, esto puede traducirse en un mayor impacto en el desarrollo regional sostenible y en una posición de liderazgo relevante en el escenario global.

Con cambios frecuentes de gobierno y baja previsibilidad institucional, ¿es posible construir una agenda minera de largo plazo en Perú?

La construcción de una agenda minera de largo plazo es posible, pero exige un esfuerzo deliberado por construir consensos que trasciendan los ciclos políticos. La minería es, por definición, una actividad de largo plazo. Por ello, su desarrollo no puede depender de la orientación de un gobierno en particular, sino de políticas de Estado que otorguen continuidad, confianza y estabilidad en las reglas de juego.

Esto implica avanzar hacia acuerdos amplios entre el sector público, el sector privado, la academia y la sociedad civil, en torno a objetivos estratégicos comunes para el país, retomar esfuerzos pasados que generaron estos espacios y definieron agendas comunes.

En este contexto, el SIMPOSIO-XVI Encuentro Internacional de Minería cumple un rol fundamental al promover un diálogo técnico, multisectorial y basado en evidencia. El XVI SIMPOSIO convoca a líderes empresariales, autoridades, expertos, la academia y la sociedad civil para discutir los desafíos estructurales del sector con una visión estratégica nacional y global.

Muchos proyectos mineros se retrasan por factores sociales, regulatorios o políticos. ¿El principal obstáculo hoy es la tramitología, la gobernanza territorial o la falta de confianza entre empresas, Estado y comunidades?

Los desafíos que enfrenta el desarrollo minero en el país responden a una combinación de factores que interactúan entre sí. Por un lado, existen desafíos asociados a la complejidad y duración de los procesos administrativos y regulatorios; por otro, limitaciones en la gobernanza territorial que dificultan la articulación entre distintos niveles de gobierno y la adecuada gestión del territorio.

Perú cuenta con una de las riquezas geológicas más relevantes del mundo en cobre y otros minerales críticos. Sin embargo, en el contexto actual, esa ventaja ya no es suficiente por sí sola.

Sin embargo, un factor transversal es la confianza. Si hay ausencia de confianza entre empresas, Estado y comunidades, se amplifica cualquier dificultad técnica o administrativa. En ese contexto, incluso procesos bien diseñados pueden enfrentar cuestionamientos y demoras.

Por ello, más allá de mejorar la eficiencia regulatoria, es fundamental fortalecer mecanismos de diálogo temprano, transparencia y participación efectiva de las partes competentes que permitan construir relaciones sostenibles en el tiempo.

La demanda de minerales crece, pero también las exigencias sociales y ambientales. ¿Cómo puede la minería expandirse sin generar más conflictos en Perú?

Hoy la industria viene avanzando en estándares elevados en materia ambiental, social y de gobernanza. Actualmente, está integrando de manera activa la innovación tecnológica, el uso eficiente del agua, las energías renovables, el monitoreo ambiental avanzado y mecanismos de transparencia. Estos avances son necesarios, pero no son suficientes.

La expansión de la minería en Perú dependerá, en gran medida, de su capacidad para generar valor compartido y fortalecer su legitimidad en el territorio. El componente social es igualmente crítico. La viabilidad de los proyectos requiere ir de la mano con procesos de diálogo continuos, una adecuada gestión territorial y, sobre todo, resultados concretos para las comunidades locales.

La minería responsable del siglo XXI no puede limitarse a cumplir estándares; debe ser un verdadero catalizador de desarrollo. Si bien ya existen esfuerzos en esa dirección, el desafío es profundizarlos de manera más articulada, planificada y con una visión de largo plazo. Esto implica contribuir de forma sostenida al cierre de brechas en infraestructura, promover empleo formal y fortalecer encadenamientos productivos en los territorios.

El desafío es claro: demostrar, en la práctica, que el desarrollo minero puede ser compatible con el bienestar de las comunidades y el desarrollo sostenible del país.

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