Petroperú enfrenta una de las crisis financieras más severas de su historia, con deudas que superan los US$ 5,000 millones, poniendo en riesgo su continuidad operativa y la propiedad de activos estratégicos. Entre 2022 y 2024, el Estado tuvo que destinar S/ 17,888 millones en apoyo financiero, una carga significativa para las finanzas públicas que refleja la profundidad del deterioro.
A ello se suma una grave distorsión en el uso de recursos: el 55 % del gasto en personal se destina a 83 tipos de beneficios y gollerías, que en 2023 representaron más de S/ 276 millones adicionales, coexistiendo con una gestión deficiente y resultados financieros adversos.
“Nuestro mensaje es contundente: estamos poniendo fin a los excesos y a la mala administración de los recursos públicos para recuperar una empresa que pertenece a todos los peruanos y que fue llevada al borde del abismo”, remarcó Denisse Miralles, titular del Ministerio de Economía y Finanzas.
Denisse Miralles señaló que las medidas de reorganización envían una señal clara de confianza a inversionistas y acreedores. “Con el Decreto de Urgencia protegemos a Petroperú, cuidamos los recursos públicos y priorizamos la sostenibilidad fiscal del país. Si no tomábamos decisiones hoy, Petroperú corría el riesgo real de perderse por completo en los próximos meses, ante un eventual proceso concursal iniciado por sus acreedores”, enfatizó.
