El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), en su calidad de integrantes de la Junta General de Accionistas de Petroperú, reiteraron que Petroperú no será privatizada y que el abastecimiento de combustibles está plenamente garantizado en todo el país, como parte del proceso de reorganización de la empresa estatal dispuesto mediante el Decreto de Urgencia N.º 010-2025.
Ambos ministerios precisaron que los activos estratégicos de Petroperú seguirán siendo de propiedad exclusiva del Estado peruano y estarán protegidos mediante fideicomisos, lo que descarta cualquier transferencia de titularidad. Si bien se contempla la participación de operadores privados, esta se dará bajo un esquema en el que dichos actores asumirán riesgos e inversiones, sin afectar la propiedad estatal ni el control de los activos.
En el marco de la implementación del Decreto de Urgencia, representantes del Gobierno —la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles; el ministro de Energía y Minas, Luis Bravo; la presidenta del Directorio de Petroperú, Elba Rojas; y el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio— sostuvieron una reunión informativa con los 12 sindicatos de trabajadores de Petroperú y congresistas de la República.
El Estado se encuentra actualmente en negociaciones con bonistas y CESCE, con el objetivo de alinear compromisos financieros, reducir contingencias y asegurar la sostenibilidad del proceso. En febrero, ProInversión aprobará el Plan de Promoción, que establecerá reglas claras, etapas definidas y un cronograma preciso, garantizando transparencia, adecuada asignación de riesgos y predictibilidad para las inversiones.
En marzo, se suscribirán los fideicomisos que asegurarán la titularidad estatal de los activos estratégicos durante todo el proceso de reestructuración, fortaleciendo la gobernanza corporativa de Petroperú.
“Con el Decreto de Urgencia protegemos a Petroperú, cuidamos los recursos públicos y priorizamos la sostenibilidad fiscal del país. Si no tomábamos decisiones hoy, Petroperú corría el riesgo real de perderse por completo en los próximos meses, ante un eventual proceso concursal iniciado por sus acreedores”, enfatizó la ministra.
Petroperú enfrenta una de las crisis financieras más severas de su historia, con deudas que superan los US$ 5,000 millones, poniendo en riesgo su continuidad operativa y la propiedad de activos estratégicos. Entre 2022 y 2024, el Estado tuvo que destinar S/ 17,888 millones en apoyo financiero, una carga significativa para las finanzas públicas que refleja la profundidad del deterioro.
Tras años de rentabilidad sostenida entre 2016 y 2021, la empresa ingresó en pérdidas estructurales desde 2022, coincidiendo con la puesta en marcha de la Nueva Refinería Talara, que enfrenta serias limitaciones operativas. Solo en 2025 (hasta octubre), la refinería ha registrado pérdidas por US$ 481 millones.
A ello se suma una grave distorsión en el uso de recursos: el 55 % del gasto en personal se destina a 83 tipos de beneficios y gollerías, que en 2023 representaron más de S/ 276 millones adicionales, coexistiendo con una gestión deficiente y resultados financieros adversos.
