El Poder Ejecutivo impulsó 960 operativos a nivel nacional que permitieron la incautación y destrucción de bienes e insumos utilizados en esta actividad criminal, valorizados en más de S/3,700 millones, anunció la Presidencia del Consejo de Ministros.
Al respecto, el alto comisionado para el combate de la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, explicó que este resultado fue posible gracias a las acciones desplegadas por la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, la Dirección de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.
“En el Ejecutivo tenemos una mirada integral que nos dice que las interdicciones no son suficientes. Tenemos que seguir interviniendo, pero con el concepto de quedarnos, consolidar las posiciones y después dar sostenimiento con puestos de control”, señaló García.
Añadió que, tras las intervenciones, sigue una segunda fase consistente en la consolidación de la presencia de la fuerza pública en la zona para evitar el retorno inmediato de los mineros ilegales, así como una tercera fase orientada al sostenimiento de la presencia del Estado mediante puestos de control, tal como ocurre en Pataz.
El alto comisionado precisó que en la comisión multisectorial para el seguimiento de la formalización minera y la erradicación de la minería ilegal se ha establecido que la lucha contra este flagelo consta de tres ejes diferenciados: la formalización, la erradicación y la recuperación del medio ambiente. Sobre este último punto, explicó que el grupo de trabajo aprobó que el Ministerio del Ambiente elabore una nueva estrategia con dos condiciones.
“Recuperar el medio ambiente, pero con desarrollo sostenible, que implica intervenciones del Estado en conectividad terrestre, digital, aérea, energética, salud, vivienda, saneamiento y la búsqueda de economías alternativas”, detalló.
Rodolfo García señaló que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) no ha tenido resultados positivos, ya que solo poco más del 2 % de los inscritos concluyó el proceso de formalización. Advirtió que una eventual reincorporación de los más de 50 mil registros excluidos afectaría directamente la lucha contra la minería ilegal.
“Tan grave como eso es intentar impedir nuevas exclusiones, porque muchos Reinfo están fuera del marco legal, no cumplen con los requisitos y deben ser retirados del padrón. No hacerlo debilita la lucha contra la minería ilegal, que, junto a economías ilícitas como el tráfico de drogas e incluso la trata de personas, alimenta la inseguridad ciudadana”, afirmó.
De otro lado, el alto comisionado precisó que desde el Ejecutivo existe una intención concreta de enfrentar esta actividad ilícita, dado que se incrementó el presupuesto destinado a combatir este flagelo.
“Hay un incremento significativo que va a permitir potenciar las capacidades de intervención de nuestra Policía Nacional y de nuestras Fuerzas Armadas. Falta aún conseguir un presupuesto importante que necesita la Fiscalía en materia ambiental; se está trabajando en eso, pero ya hay una mejora en las condiciones”, remarcó.
