El Instituto Peruano de Economía (IPE) coorganizó junto al Banco Mundial el evento“Revisión de las Finanzas Públicas para el Perú: Una mirada especial al Cusco”, en colaboración con el Instituto Cusqueño de Economía – INCUSE. El evento contó con la participación de Carlos Gallardo, gerente general del IPE; Antonio Cusato, economista de país para el Banco Mundial; Fernando Santoyo, presidente de la Cámara de Comercio del Cusco; y Roger Valencia, presidente del INCUSE. El evento analizó los desafíos acerca de la sostenibilidad de las finanzas públicas con énfasis en el contexto económico del Cusco.
Los especialistas coincidieron en la necesidad de asegurar la predictibilidad de las finanzas públicas a nivel nacional como subnacional, de forma que permita impulsar un gasto público más eficiente para el cierre de brechas sociales a nivel regional.
Antonio Cusato explicó que Perú mantiene su estabilidad fiscal, lo cual se refleja en su bajo saldo de deuda pública (32.4% del PBI) y un menor riesgo de país (160 puntos básicos) respecto a sus pares regionales. No obstante, el fisco se tornó menos predecible en un contexto en que un creciente déficit fiscal, por mayores presiones de gasto, llevó a un incumplimiento de la regla fiscal en 2023 y 2024, así como por mayores riesgos ante iniciativas legislativas tributarias con impacto fiscal, las cuales se triplicaron de menos de 100 en 2020 a casi 300 en 2024.
En este contexto, Cusato detalló que el país cuenta con un margen para movilizar recursos que permita una provisión eficiente de servicios públicos. Así, destaco que si bien Perú cuenta con tasas impositivas a la renta de personas (30.0%) y empresas (29.5%) similares a otros países, su recaudación efectiva sería casi la mitad de los países de ingresos altos. A esto, se suma un uso poco eficiente de recursos, lo cual se refleja en una excesiva creación de proyectos que llevó a que 45% de estos quede en situación de abandono desde 2012 a nivel nacional.
Impulso a la competitividad en Cusco
Carlos Gallardo describió cómo Cusco registró una mejora en las condiciones de vida como consecuencia de una expansión económica en las últimas dos décadas. Con un crecimiento de casi 10.0% anual, en promedio, entre 2004 y 2015, la región alcanzó su menor nivel de pobreza (17.6%). No obstante, en la última década, fuertes fluctuaciones en el crecimiento derivaron en una contracción de la economía en 2017, la primera desde 2002. De este modo, con un menor ritmo de crecimiento entre 2015-2024 (0.9%), la pobreza se elevó hasta 18.5%.
Gallardo apuntó que la región requiere que impulsar la competitividad en sus sectores clave. En agro, se requiere aprovechar el potencial exportador con una diversificación de la cartera de productos. En turismo, es importante consolidar una recuperación en empleo y arribo de turistas. Esto último se refleja en que las visitas a Machu Picchu aún se encuentran 24% por debajo de su tendencia prepandemia. En minería, es clave impulsar los tres proyectos en cartera por US$ 3.3 mil millones que tiene la región, los cuales le permitirían duplicar su producción actual de cobre y superar las 525 mil toneladas.
En este contexto, Gallardo enfatizó que para impulsar la competitividad será clave un uso eficiente de los recursos públicos. En el caso de Cusco, las transferencias por conceptos de canon y regalías de la minería y el gas le otorgaron recursos por casi S/13 mil millones desde 2021. No obstante, la gestión regional y local presenta retos importantes de eficiencia de la ejecución de la inversión, lo cual explica que, con datos del Banco Mundial, la región tenga más de 3 mil proyectos abandonados o paralizados en el Cusco retrasando mejoras en los servicios públicos.
La urgencia de reactivar los motores de inversión privada en el Cusco pues el IPE prevé que el PBI regional caiga alrededor de 7% en 2025.
