El evento PERÚ ENERGÍA Norte, realizado en Piura, reunió a los principales representantes del ámbito energético con el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible del norte del país. Durante la jornada se llevó a cabo el panel “El impacto de las actividades ilegales en el sector hidrocarburos”, que contó con la participación de Janinne Delgado, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, y Carlos Gonzales, gerente general de Enerconsult.
Los especialistas alertaron sobre las consecuencias del contrabando de gas licuado de petróleo (GLP) en la frontera norte. Advirtieron que esta práctica ocasiona pérdidas superiores a US$ 16 millones al año, compromete la seguridad de los consumidores, debilita la sostenibilidad de las empresas formales y reduce los ingresos fiscales del Estado.
“El comercio ilegal no solo genera pérdidas millonarias, sino que también pone en riesgo la vida de las personas y afecta la competitividad de quienes operan legalmente. Es fundamental fortalecer la fiscalización en las zonas fronterizas y mejorar la coordinación entre los organismos de fiscalización y control”, Janinne Delgado, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL).
Los datos presentados indican que el 80% del GLP proveniente de contrabando desde Ecuador tiene como destino la región de Tumbes, mientras que el 20% restante llega al norte de Piura. Tumbes recibe en promedio 354 barriles diarios, equivalentes al 18.5% del total de ventas de GLP envasado, y Piura alrededor de 89 barriles diarios, equivalente al 5% de la comercialización formal de este producto. En conjunto, estas operaciones alcanzan un valor anual de 16.6 millones de dólares, lo que refleja el impacto de las actividades ilegales en la economía local.
El problema se origina principalmente por las diferencias de precios entre ambos países, ya que en Ecuador el GLP está subsidiado. A ello se suma la limitada supervisión aduanera y la escasa presencia de agentes de control en zonas rurales o de difícil acceso. Estas condiciones han permitido la aparición de redes logísticas paralelas que facilitan el ingreso y distribución del combustible por vías no reguladas, generando un entorno de inseguridad y competencia desleal que perjudica a empresas y consumidores.
Durante el foro también se advirtió que el avance de la criminalidad organizada, mediante prácticas como la extorsión, agrava la situación al generar riesgos para los trabajadores y dificultar la ejecución de nuevos proyectos de inversión en la industria energética.
