A lo largo de los últimos años y contrario a la tendencia mundial de priorizar los temas de sostenibilidad, nuestro país ha tenido múltiples intentos de buscar la promoción de la inversión a través de la flexibilización de las normas ambientales. Se cree que una normativa ambiental menos estricta es la bala de plata que puede hacer que Perú sea un país más atractivo para invertir, porque se crearán menores costos regulatorios para los inversionistas.
Pero esta lectura es bastante simplista y cortoplacista, ya que no analiza también las desventajas que ello puede generar para nuestro país. Tener una legislación ambiental débil no es necesariamente positivo frente al mercado internacional, en tanto que aún siendo permisiva, puede ser incierta, pudiendo generar consecuencias importantes a nivel económico y comercial para los inversionistas, que al final puede crear efectos reales como la pérdida de acceso a mercados, cadenas de abastecimiento sostenibles, exclusión financiera o arbitrajes. Y a ello se debe sumar que nos desvía del camino para ser calificable como un país miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Sumado a estos temas también tenemos que considerar que menores exigencias legales -en un mundo globalizado donde los criterios ESG vienen primando- puede conllevar a una pérdida de credibilidad internacional, deteriorando la imagen de nuestro país no sólo ante inversionistas sostenibles o fondos verdes que priorizan prácticas empresariales responsables sino también ante los países miembros de la OCDE. Además de que puede claramente traducirse no sólo en un incremento de la contaminación ambiental y en la depredación de nuestros recursos, sino también en la afectación de nuestros ecosistemas a largo plazo y en la generación de conflictos socioambientales, de los que el Perú es conocedor por haber sido escenario a lo largo de estos últimos veinte años.
La demora en los procesos no se va a solucionar con la flexibilización normativa, sino debe solucionarse de raíz, exigiendo mejores expedientes y capacitando al personal encargado de evaluarlos. El inversionista serio y responsable tiene una cultura de cumplimiento y la regulación ambiental no le es ajena.
Ciertamente todos estos temas no han sido pues considerados por el actual gobierno, quien ha caído en lo mismo y viene promoviendo nuevas medidas de flexibilización ambiental y regímenes especiales persiguiendo debilitar los actuales procesos de evaluación de impacto ambiental. ¿Será acaso la implementación de “muchos silencios administrativos positivos y mucha fiscalización ex post” una medida eficaz y eficiente o será otra medida equivocada como la adoptada en el año 2014, con el famoso paquetazo ambiental? No sería acaso más adecuado que el gobierno busque tener una visión a largo plazo y deje de adoptar medidas facilistas que a la larga lo único que harán será perjudicarnos.
Si bien la flexibilización per se no es mala porque a través de ella se puede buscar optimizar los procesos, sí es importante que una medida como ésta sea bien estudiada, evaluando sus impactos directos y colaterales no sólo a corto sino también a largo plazo. Además de ello, tiene que ser promovida con criterios adecuados, considerando ciertos principios, no sólo buscando flexibilizar por flexibilizar; y evidentemente, debe ser diseñada con las mismas autoridades que participan en estos procesos. Claramente siempre habrá espacios para mejoras, pero la cultura de que la única respuesta para todos los males es la flexibilización no es la correcta, ya que este camino nos puede llevar a consecuencias potencialmente peligrosas.
Entonces, antes de flexibilizar nuestra regulación ambiental, por qué no se enfocan en que ésta funcione y se aplique razonablemente, dotando de mayores capacidades a los profesionales de las entidades encargadas de llevar a cabo estos procesos. Por qué no mejoran la coordinación interinstitucional, se aprueban criterios uniformes y transparentes que puedan aplicarse a todos los sectores, tomando en cuenta las experiencias de los sectores que tienen una legislación ambiental más fortalecida. La demora en los procesos no se va a solucionar con la flexibilización normativa, sino debe solucionarse de raíz, exigiendo mejores expedientes y capacitando al personal encargado de evaluarlos. El inversionista serio y responsable tiene una cultura de cumplimiento y la regulación ambiental no le es ajena. La clave no está en eliminar regulaciones y en deshacer lo ya logrado, sino en hacerlas más eficientes, claras y predecibles.
Como todo en la vida, la solución para problemas complejos no es sencilla ni se resuelve con una acción apenas, requiere de un esfuerzo coordinado y bien pensado.
