La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) identificó hasta ocho objeciones centrales al predictamen de la Ley de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Ley MAPE) tras la reciente suspensión de su debate en el Congreso.
Uno de los cuestionamientos —según la SNMPE— es que el Renapmat representa en esencia una prolongación del Reinfo. Según advierte la SNMPE, este nuevo registro no establece un plazo máximo para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y operativos que exige una actividad minera formal, lo cual abre nuevamente la posibilidad de proteger actividades ilícitas.
Un segundo cuestionamiento, según reseña Perú 21, gira en torno a la redefinición de las categorías de actividad minera a pequeña escala, incluyendo la creación de una nueva figura: la minería tradicional.
Para la SNMPE, esta definición es vaga y subjetiva, ya que no está ligada a un procedimiento administrativo ni a un título habilitante, sino a una presunta actividad histórica sin registros verificables que sustenten su legitimidad.
El tercero de los reparos es que se establece un régimen de exoneración de responsabilidad penal para quienes estén inscritos en el Renapmat, incluyendo aquellos que realizan minería ilegal.
Otro reparo de la SNMPE es que crea la servidumbre minera pero, de acuerdo con la Constitución peruana, la única vía legal para explotar recursos minerales es a través de una concesión.
Para la SNMPE, la ley facilita el comercio de la minería ilegal con un régimen tributario que la beneficia pues no permite identificar con claridad el origen del mineral.
Según el organismo que agrupa a las principales empresas del sector extractivo, un artículo, el 21, perpetuaría la impunidad de quienes operan al margen de la ley.
