La minería ilegal ha cambiado: se realiza en zonas de difícil ingreso para la policía

“El Estado no lo ha hecho porque no ha pensado en ser más eficaz o, de repente, en algunas esferas no quieren que se mejore”, cuestionó Federico Chavarry Cuneo, de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno.

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En la última década, el minero ilegal cambió de estrategias para seguir cometiendo actos ilícitos, mientras que el Estado no lo ha hecho, advirtió el fiscal Federico Chavarry Cuneo, de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno, en una entrevista con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP). 

El Estado ha mantenido casi la misma tónica en la lucha contra la minería ilegal desde que se estableció el delito en el 2012. Los operativos, ingresar y tomar posesión de la zona, se han realizado de la misma manera, en tanto, el minero ilegal se maneja con mucha habilidad. El ilegal ya ha visto cómo es el ingreso de la policía a la zonas, así ahora la actividad ilegal se realiza en zonas a las que la Policía no puede llegar o tiene problemas por falta de logística”, dijo.

Bajo esa premisa, sostuvo que, el minero ilegal ha cambiado sus estrategias para seguir delinquiendo, mientras que el Estado no. “El Estado no lo ha hecho porque no ha pensado en ser más eficaz o, de repente, en algunas esferas no quieren que se mejore”, cuestionó.

Precisamente, de acuerdo a Chavarry, tras la ejecución del operativo “Mercurio” en Madre de Dios en 2019, se recuperó La Pampa, pero a su vez, se generó el efecto globo: el traslado y expansión de los mineros ilegales de Madre de Dios se desplazó a regiones como Cusco, Puno y La Libertad. 

Brazos armados y narcotráfico

Una de las estrategias que usan los mineros ilegales para seguir operando es la protección que hoy tienen de sus brazos armados, entre ellos grupos militarizados o guerrilleros colombianos o brasileños, advirtió el fiscal Federico Chávarry.

El Ministerio Público tiene más de 7,200 investigaciones a nivel nacional por el delito de minería ilegal, desde el 2019 hasta fines del 2023. Así lo reveló el fiscal Federico Chavarry Cuneo, de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno, en una entrevista exclusiva con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

“De los 7,200 casos que tenemos, por lo menos un 40% se encuentran judicializados. Es decir, algunos se encuentran en etapa de investigación preparatoria, y otros, en etapa de juzgamiento”, comentó el letrado.

En ese sentido, afirmó que las regiones con más casos son Madre de Dios (2,705), La Libertad (527), Puno (450), Ucayali (300) y Cusco (286). “No tenemos el número exacto del total de personas investigadas, pero en la mayoría de las investigaciones por minería ilegal, hay entre 5 a 15 personas naturales que participan en el acto delictivo”, aseveró Chavarry.

El vocero del Ministerio Público manifestó que, hasta fines del 2023, lograron un total de 285 sentencias condenatorias, de las cuales 203 fueron con sentencias suspendidas y 82 con pena efectiva. En promedio, se condenaron entre 5 a 10 personas por este delito en cada caso.

No obstante, subrayó que las sentencias habrían sido más si es que el Poder Judicial no pospusiera demasiadas veces las audiencias de etapa de juicio oral. “Tengo casos del 2013 y 2014 que aún no han sido juzgados. Es lamentable”, contó.

En otro momento, el fiscal Chavarry hizo hincapié en el trabajo que realizan en conjunto con la fiscalías de Extinción de Dominio, ya que mediante esta unión de fuerzas, han podido atacar el patrimonio de los mineros ilegales.

Por ejemplo, en el total de 285 sentencias, la Fiscalía logró incautar aproximadamente más de S/ 1,000 millones en patrimonio de estas organizaciones criminales como excavadoras, volquetes y cargadores frontales. De la misma manera, se logró decomisar hasta 1,000 kilos de oro en algunos casos.

El portavoz del Ministerio Público manifestó que uno de los delitos conexos que encuentran en la mayoría de casos de minería ilegal.

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