De acuerdo a un último informe realizado por la calificadora Standard & Poor’s (S&P), la situación de Petroperú, en el aspecto financiero, no es del todo favorable, por lo que depende en gran medida del apoyo del Gobierno si quiere seguir manteniendo un papel importante en la política energética del país. La carga total de la deuda era de aproximadamente US$ 6.000 millones al 31 de marzo, y potencialmente, US$ 7.000 millones para fin de año, señaló la calificadora.
“Creemos que las iniciativas de Petroperú aún no han restaurado su posición en el mercado después de las graves deficiencias de gestión y gobernanza en 2022 que dañaron su reputación y liquidez”, dijo la calificadora de riesgo. “Luego de una disputa con su auditor a principios de 2022, Petroperú tuvo varios eventos que socavaron su reputación y liquidez, obligándolo a negociar exenciones de la comunidad financiera para evitar riesgos de aceleración de la deuda”.
Como resultado de este hecho, el gobierno se vio obligado a intervenir en varias ocasiones para preservar las operaciones y evitar un incumplimiento. La publicación de una auditoría sobre las finanzas de 2021 no restableció las condiciones comerciales normales ni el acceso al crédito, añade S&P.
Petroperú está implementando una serie de iniciativas para restaurar su posición en el mercado, incluidos cambios en el directorio y el equipo de administración, un plan para optimizar las operaciones de AD Little / Columbus, un mayor diálogo con la comunidad financiera para restaurar la liquidez y un plan comercial para fomentar la cuota de mercado. “Sin embargo, en nuestra opinión”, dijo S&P, “esto aún no ha resultado en una mejora sustancial en su reputación y liquidez”.
