El vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Darío Zegarra, enfatizó en la columna del Semáforo Minero que se necesitan medidas concretas y una política minera consensuada para destrabar los proyectos mineros en cartera e impulsar el desarrollo sostenible de esta industria en el país.
En ese sentido, saludó que el actual ministro de Economía haya anunciado su compromiso para agilizar el avance de un grupo de proyectos mineros valorizados en 11,156 millones de dólares, como parte del plan de reactivación económica “Con Punche Perú”.
“Un mensaje que desde el gremio minero saludamos pues se requiere de grandes inversiones para salir adelante. Sobre todo, de un sector que representa el 14% del PBI (considerando nuestra cadena de suministro), más del 60% de las exportaciones, la quinta parte de los ingresos tributarios del país, y la cuarta parte de la inversión extranjera”, apuntó.
Sin embargo, también consideró importante que se trabaje en una política para el sector desde la visión de desarrollo territorial y se continúe con el esfuerzo de diálogo de Rimay y su visión de la minería al 2030. De acuerdo con Zegarra, el desarrollo de esta industria debe ir de la mano con el desarrollo del país, en especial de las localidades más rezagadas y aledañas a las zonas de operaciones mineras.
“No existe la posibilidad de desarrollar una minería competitiva y sostenible con territorios rezagados y con amplias brechas de infraestructura. Tan importante como destrabar los proyectos mineros es lograr agilizar y mejorar la inversión pública y los servicios en los territorios mineros a nivel nacional”, señaló.
Añadió también que un buen espacio para plasmar ese objetivo sería el Acuerdo Nacional, instalado a fines de 2002, y que debería ser renovado y relanzado para afrontar los grandes desafíos y oportunidades actuales del país. Describió este foro como la posibilidad de “una institucionalidad que asegure su funcionalidad y alta legitimidad, hoy ausente”.
Por otro lado, expresó su preocupación ante la grave situación de inseguridad que vienen generando las bandas criminales a nivel nacional y especialmente en la provincia de Pataz, La Libertad, donde se está afectando la producción de oro y minería formal.
“Se requiere con urgencia un plan estratégico desde el gobierno para poder neutralizar a estas bandas y dar solución integral a esta problemática, que podría agravarse con el tiempo”, afirmó.