Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), advirtió que modificar el régimen de concesiones mineras, sin abordar los verdaderos cuellos de botella que enfrenta el sector, podría generar incertidumbre y poner en riesgo la inversión minera en el país.
Para Ortiz, el reciente predictamen aprobado en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que propone declarar la caducidad de las concesiones mineras sin actividad en un plazo de 15 años, abre un debate importante sobre la estabilidad y predictibilidad de las reglas de juego, factores fundamentales para el desarrollo de proyectos mineros.
En su columna del Semáforo Minero señaló que las concesiones mineras no son únicamente espacios de explotación, sino principalmente áreas de exploración, investigación y generación de conocimiento geológico. En ese sentido, recordó que el desarrollo de un proyecto minero responde a ciclos largos, complejos y de alto riesgo, que no pueden medirse bajo criterios simplificados de actividad o inactividad.
Asimismo, el directivo del IIMP indicó que el Perú ha construido durante décadas un sistema de concesiones que ha sido clave para atraer inversión y dinamizar la exploración minera, permitiendo la participación de empresas de distintos tamaños y la gestión de cientos de petitorios cada mes a través del Ingemmet.
Advirtió que el principal problema que enfrenta el sector minero no está en las concesiones, sino en la excesiva tramitología. Actualmente, desarrollar un proyecto minero puede implicar más de 200 autorizaciones y la participación de más de 30 entidades públicas, lo que en la práctica puede extender los plazos de desarrollo por más de 30 años.
Frente a este escenario, sostuvo que reducir plazos de concesión sin simplificar el sistema de permisos no solo sería insuficiente, sino que introduciría un factor adicional de incertidumbre que podría afectar la competitividad del país en un contexto de creciente demanda mundial de minerales.
