Los delitos informáticos en el Perú han aumentado cerca de 40% anual y ya superan la capacidad de respuesta institucional. Fraudes bancarios, ransomware, robo de identidad y ataques a organizaciones públicas y privadas se han convertido en una amenaza recurrente en un entorno cada vez más digitalizado.
El avance del cibercrimen no solo impacta a empresas y ciudadanos, sino también a las instituciones encargadas de investigarlo y sancionarlo. La sofisticación de estas redes exige mayor especialización técnica y coordinación entre sectores.
La magnitud del problema convocó a autoridades judiciales, representantes empresariales y especialistas en tecnología, en un escenario marcado por la necesidad de fortalecer capacidades técnicas y mejorar la respuesta institucional.
En este contexto, la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) presentó su Centro de Formación en Ciberseguridad, orientado a reducir la brecha técnica y fortalecer la prevención y respuesta frente a los delitos informáticos.
Durante la ceremonia, el fundador presidente de la Corporación Educativa USIL, Raúl Diez Canseco Terry, advirtió que, a nivel global, se registran más de 2200 ataques diarios y que el 73 % de las personas afirma haber sido víctima directa o indirecta de ciberfraude en el último año.
El fundador de la USIL subrayó que la seguridad digital impacta a toda la sociedad y destacó la importancia de incorporar tecnología avanzada, formar profesionales especializados y fortalecer alianzas que impulsen el desarrollo nacional.
Asimismo, indicó que el mercado global de ciberseguridad podría alcanzar los USD 538,300 millones en 2030, impulsado por la inversión en infraestructura de protección digital y la creciente necesidad de resiliencia tecnológica.
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, advirtió que el problema tiene impacto directo en la confianza institucional.
“En un entorno altamente digitalizado, las amenazas tecnológicas afectan la confianza institucional. La extorsión, el fraude informático, el robo de identidad y los ataques a infraestructuras críticas forman parte de una criminalidad sofisticada y transnacional”, señaló.
Añadió que el Estado debe responder con mayor coordinación, especialización y adaptación. “Aunque la digitalización judicial mejora el acceso a la justicia, amplía los riesgos; por ello, afirmó que la seguridad de la información debe asumirse como una política preventiva y transversal.”
El nuevo centro contempla formación en niveles básico, intermedio y avanzado, certificación de competencias críticas y desarrollo de capacidades operativas. Está dirigido a ciudadanos, empresas, operadores del sector público y directivos responsables de gestionar riesgos tecnológicos.
El lanzamiento se realizó durante el I Encuentro Ejecutivo Empresarial USIL 2026, donde especialistas analizaron estrategias corporativas de ciberseguridad y protección de datos en un contexto de transformación digital acelerada.
