La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) aprobó la contratación de la asesoría legal externa del Estudio Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados con el objetivo de dotar las máximas garantías de seguridad jurídica al proceso de reorganización patrimonial de Petroperú,
“La selección de la firma se sustentó en la evaluación de su capacidad técnica y experiencia comprobada en operaciones corporativas complejas, en especial de reorganización empresarial, optimización y reordenamientos corporativos”, dijo la agencia. El equipo legal externo tendrá la responsabilidad de validar la viabilidad legal de la estrategia y mitigar riesgos, permitiendo avanzar con la celeridad que la situación financiera de la empresa requiere.
El soporte jurídico de alta especialización acompañará la ejecución del encargo otorgado por el Gobierno a través del Decreto de Urgencia N° 010-2025. La complejidad que implica una reorganización patrimonial de esta envergadura exige un blindaje legal riguroso para asegurar que la gestión de los activos y pasivos de la empresa estatal se realice bajo estrictos estándares normativos.
Petroperú enfrenta una de las crisis financieras más severas de su historia, con deudas que superan los US$ 5,000 millones, poniendo en riesgo su continuidad operativa y la propiedad de activos estratégicos. Entre 2022 y 2024, el Estado tuvo que destinar S/ 17,888 millones en apoyo financiero, una carga significativa para las finanzas públicas que refleja la profundidad del deterioro.
Tras años de rentabilidad sostenida entre 2016 y 2021, la empresa ingresó en pérdidas estructurales desde 2022, coincidiendo con la puesta en marcha de la Nueva Refinería Talara, que enfrenta serias limitaciones operativas. Solo en 2025 (hasta octubre), la refinería ha registrado pérdidas por US$ 481 millones.
