Guillermo Shinno, exviceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas (Minem), señaló que el concepto de “concesión improductiva” parte de una premisa equivocada y desconoce la naturaleza técnica de la actividad minera.
“Es totalmente equivocado, dicen improductiva porque no está en producción por el titular minero, pero un proyecto minero no se puede implementar de la noche a la mañana, se necesita campañas de exploración, estudios de factibilidad y eso toma muchos años, hasta más de diez años”, explicó.
La iniciativa legislativa que plantea imponer plazos y sanciones a las concesiones mineras calificadas como “improductivas”, e incluso transferir su administración al Estado, ha generado preocupación entre especialistas del sector, quienes advierten que una medida de este tipo podría afectar gravemente la seguridad jurídica, desalentar la inversión minera y favorecer actividades ilegales.
El exfuncionario subrayó que uno de los principales factores que ralentizan el desarrollo de los proyectos es el propio Estado. “Por un lado promociona la inversión, pero por otro lado, los permisos son mañana, tarde y nunca. Aquellos que plantean la caducidad de las concesiones ‘improductivas’ lo hacen de una manera equivocada o tienen otros intereses”, sostuvo Shinno.
Desde su perspectiva, aprobar una norma de este tipo no sólo debilitaría la seguridad jurídica. “No solamente afecta la seguridad jurídica, sino también la economía futura del país. Porque dependemos de esas concesiones para encontrar grandes proyectos que contribuyan con el fisco versus aquellos que buscan quedarse con estas concesiones a cambio de nada”, refirió Shinno.
Luis Humberto Chirif, expresidente del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), coincidió en que el término “improductiva” no refleja la realidad del ciclo minero. “La minería tiene etapas. Hay periodos dedicados a permisos, búsqueda de financiamiento o redefinición del proyecto, y eso no significa que no se esté desarrollando gestión minera”, precisó.
Chirif alertó además sobre el riesgo de generalizar situaciones muy distintas bajo una sola etiqueta. “Existen diversos tipos de casos que deberían ser analizados y tratados de manera diferenciada. La normativa no puede construirse sobre generalizaciones, porque eso conduce a decisiones equivocadas”, afirmó.
