El Perú inicia el año enfrentando una paradoja persistente: pese a su enorme potencial minero y al sostenido interés por desarrollar minería formal, el Estado todavía no logra consolidar una presencia efectiva que garantice orden, legalidad e institucionalidad en el territorio, advirtió Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
La reciente recepción de 715 petitorios mineros en una sola jornada nacional por parte del Ingemmet confirma que el interés por la minería formal se mantiene vigente. Para el IIMP, este dinamismo representa una señal positiva en un contexto global marcado por la creciente demanda de minerales estratégicos.
“El número de petitorios no debe analizarse solo desde una perspectiva cuantitativa. Es fundamental evaluar si el Estado cuenta con la capacidad técnica, ambiental y social para procesarlos, fiscalizarlos y acompañarlos de manera eficiente”, señaló Ortiz.
El vocero gremial advirtió que, si el sistema no es ágil, transparente y predecible, se generan espacios para la especulación, la superposición de derechos y para que actividades ilegales se oculten tras procedimientos incompletos o deficientemente fiscalizados.
“Un país que aspira a una minería responsable no puede permitir que el dinamismo del sector supere la fortaleza de sus instituciones”, remarcó Ortiz.
El IIMP saludó la reciente extinción de dominio de casi 10 kilos de oro vinculados a la minería ilegal, calificándola como una señal positiva de que las herramientas legales pueden funcionar cuando existe decisión política y coordinación interinstitucional.
“La recuperación de estos activos no solo tiene un valor económico, sino también simbólico pues deja claro que el delito no genera derechos”, indicó el vicepresidente del instituto en su primera columna del Semáforo Minero del año.
No obstante, señaló que estas acciones siguen siendo insuficientes frente a un problema estructural. La minería ilegal moviliza grandes volúmenes de mineral, millonarios recursos económicos y redes complejas de violencia, corrupción y crimen organizado. Cada incautación representa solo una pequeña fracción de lo que se extrae y comercializa diariamente por circuitos informales.
El representante del IIMP también expresó su preocupación por la débil presencia del Estado en zonas críticas como Pataz, en la región La Libertad, donde un número reducido de fiscales enfrenta una realidad marcada por asesinatos, enfrentamientos armados y minería ilegal profundamente arraigada.
“No se pueden exigir resultados cuando las condiciones son claramente insuficientes. La falta de fiscales, policías especializados y logística adecuada termina cediendo el control del territorio a economías ilegales”, advirtió Ortiz.
