Junín se posiciona como el segundo productor de zinc, donde 5 de cada 10 personas se benefician de la minería

Para 2026, el objetivo es que la riqueza minera se traduzca en bienestar ambiental y social, asegurando una gestión hídrica responsable y la “licencia social” de las operaciones.

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La región Junín reafirma en 2026 su posición como uno de los pilares de la economía peruana, impulsada por la expansión de proyectos emblemáticos como Toromocho y la integración de nuevas operaciones como Romina. La minería representa hoy el principal motor de desarrollo regional, aportando más del 10% del PBI local, y consolidando a Junín como el segundo productor nacional de zinc, con cerca del 17.6% de la producción total del país, según César Rivera, presidente del Capítulo de Ingeniería de Minas del Colegio de Ingenieros del Perú.

El cobre domina la balanza comercial regional, representando el 78.3% de las exportaciones, impulsado principalmente por la unidad minera Toromocho (Minera Chinalco), uno de los yacimientos de cobre más modernos y productivos del mundo tras su ampliación. Estos temas se abordarán durante la “Semana del Ingeniero de Minas”, que se realizará en Huancayo del 14 al 17 de enero.

El sector minero tiene un impacto directo en la población: se estima que el 53% de los habitantes de Junín se beneficia directa o indirectamente de la actividad. Las transferencias por canon minero y Regalías financian proyectos clave de infraestructura, salud y educación en provincias como Yauli, Huancayo y Jauja, contribuyendo al desarrollo local y la calidad de vida de la población.

El mapa minero regional se distingue por su diversidad y modernidad. El Complejo Yauli (Volcan) continúa su liderazgo polimetálico con tecnología avanzada; el proyecto Romina consolida la producción de zinc y plomo; y La Oroya, bajo un nuevo modelo de gestión liderado por sus trabajadores, opera cumpliendo estrictos estándares ambientales. Para 2026, el objetivo es que la riqueza minera se traduzca en bienestar ambiental y social, asegurando una gestión hídrica responsable y la “licencia social” de las operaciones.

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