Carlos Gallardo, del IPE: Perú cuenta con uno de los menores niveles de recaudación (15.1% del PBI) en América Latina

La administración tributaria enfrenta un deterioro institucional: se ha designado seis superintendentes en los últimos dos años y, peor aún, tres de estos solo en octubre de 2025. El sistema requiere predictibilidad en sus autoridades y políticas para poder avanzar en sus principales desafíos, dijo.

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El Instituto Peruano de Economía (IPE) llevó a cabo el seminario virtual ¿Qué sistema tributario necesitamos? Balance, oportunidades y riesgos”, que contó con la participación de Carlos Gallardo, gerente general del IPE; Tania Quispe, socia principal de +Value y ex superintendente nacional de Sunat; y Alex Córdova, socio del Estudio Rodrigo y presidente del Comité Tributario de la CONFIEP. El evento analizó los desafíos y retos del sistema tributario peruano.

Los especialistas coincidieron en la urgencia de fortalecer el sistema para generar ingresos de forma permanente, predecible y razonable, de manera que estimule la inversión privada y el crecimiento económico.

Carlos Gallardo explicó que el Perú cuenta con uno de los menores niveles de recaudación (15.1% del PBI) dentro de América Latina, lo cual se explica por un inadecuado diseño del sistema tributario. En particular, el diseño del sistema ha derivado en ineficiencias en la recaudación de empresas y personas: la carga fiscal empresarial tiene una alta concentración, en la que las grandes empresas (1% del total) contribuyen con casi la totalidad de la recaudación (86%), y una baja cobertura de los trabajadores (12% del total) que paga el impuesto a la renta de personas dados los altos umbrales existentes.

Gallardo detalló que a los problemas en el diseño se suman factores estructurales como la informalidad y otros más recientes como el deterioro institucional. De un lado, la alta informalidad de las empresas y laboral se traduce en una baja capacidad productiva y en altos niveles de incumplimiento en los principales conceptos (IR e IGV), que alcanzó casi 10% del PBI, en promedio, en últimos 10 años, lo cual condiciona la recaudación.

Asimismo, la administración tributaria enfrenta un deterioro institucional: se ha designado seis superintendentes en los últimos dos años y, peor aún, tres de estos solo en octubre de 2025. El sistema requiere predictibilidad en sus autoridades y políticas para poder avanzar en sus principales desafíos.

Tania Quispe destacó la relevancia de un sistema tributario eficiente para el equilibrio fiscal, el cual ha sostenido la estabilidad macroeconómica del país. En ese sentido, comparó la reforma tributaria de la década de 1990 con el diseño del sistema actual: en dicho periodo, la simplificación del sistema se basó en reducir la gama de tributos de más de 30 a solo 3 (IR, IGV, ISC). En ese sentido, afirmo que la presencia de múltiples regímenes genera un forado fiscal al dificultar la capacidad de recaudación. Hacia adelante, se requieren menos regímenes y una administración eficiente que ayude al pequeño contribuyente proponiéndole sus declaraciones. Así, indicó que, según el FMI, una administración capacitada, podría generar hasta un 2% del PBI adicional en recaudación.

Por su parte, Alex Córdova enfatizó el rol de la institucionalidad para hacer más eficiente a la administración tributaria. Así, advirtió que en el pasado la Sunat había sido intervenida desde la política, lo cual peligra en fiscalizaciones dirigidas y en un mal uso de información tributaria sensible. En ese sentido, es clave que la designación de altos cargos esté basada en meritocracia, que permita un diagnóstico sobre la ampliación de la base tributaria en un sistema tributario que hoy está pensado para sistemas de contabilidad de empresas multinacionales y que relega al mediano y pequeño empresario. Por último, destacó que la tributación cada vez se vuelve más relevante como un determinante de la inversión: a la fecha, existen al menos arbitrajes de inversión que versan sobre materia tributaria y que pueden pasar factura al país condicionando futuras inversiones.

Ambos panelistas coincidieron también en la necesidad de reducir la litigiosidad a través de mecanismos que impulsen acuerdos entre el contribuyente y la SUNAT; el fortalecimiento del área de reclamos de la SUNAT que revise y evite que los casos se eleven innecesariamente, y cuidando que la SUNAT y el Tribunal Fiscal se politicen.

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