Ante la reciente transición política y el llamado general contra la inseguridad, el Colectivo PAS – País Seguro – considera imprescindible que el nuevo Gobierno y el Congreso asuman con responsabilidad y urgencia la tarea de mantenerse firmes en contra de la minería ilegal, hoy principal economía ilícita del país, que financia la criminalidad, genera corrupción y deteriora el medio ambiente.
“El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), no es una herramienta eficaz para la formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), como ha quedado demostrado. Por el contrario, viene permitiendo el crecimiento y la impunidad de la minería ilegal, y debilitando la autoridad del Estado”, indica la organización. El REINFO tiene como fecha límite de vigencia el 31 de diciembre de 2025. “Este proceso debe concluir con transparencia, fiscalización efectiva y acompañamiento técnico para quienes sí cumplan los estándares legales”, indicaron.
La Comisión de Energía y Minas del Congreso pretende extender la vigencia del proceso de formalización hasta el 2029. “De esta manera, continúa encubriendo la impunidad y generando un nuevo ciclo de descontrol y debilitamiento institucional que facilita la labor de economías ilícitas”, dijeron en un comunicado.
Lo que necesita el Perú es una Ley MAPE con verdaderos controles ambientales, laborales y sociales. Esta norma debe asegurar en primer término la protección a la salud y la vida, pasando por la trazabilidad de la producción, respeto a la propiedad privada y las leyes, sanciones por incumplimiento y supervisión permanente.
La minería ilegal en el Perú no solo destruye ecosistemas, también está asociada al crimen organizado, al tráfico de explosivos, a la trata de personas, al sicariato, al lavado de activos y al narcotráfico, como lo refieren diversos informes. Tiene impactos sociales como aumento de trabajo infantil, explotación laboral, afectación al patrimonio nacional, pérdida de impuestos, corrupción y debilitamiento de la institucionalidad.
