La minería ilegal de cobre, una problemática aún poco visibilizada frente a la que ocurre con el oro, sin embargo, viene creciendo de manera acelerada y silenciosa, especialmente en el corredor minero del sur del país que abarca las regiones de Arequipa, Cusco y Apurímac, advirtió Stephani Maita, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), en una conversación con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
“Diversos especialistas del sector ya han alertado que la escala operativa de estas actividades ilícitas supera con creces lo que debería corresponder a la pequeña minería o minería artesanal”, sostuvo Maita.
Este auge ilegal se ve favorecido por los altos precios internacionales del cobre y por la existencia de una red creciente de plantas de procesamiento no fiscalizadas. “En los últimos diez años, estas plantas no solo se han triplicado en número, sino que también han incrementado su capacidad operativa, especialmente en regiones como Arequipa e Ica, debido a su cercanía con los puertos de exportación”, explicó Maita.
Ausencia de fiscalización
Aunque el IPE aún no cuenta con un estimado oficial sobre el volumen total de cobre extraído ilegalmente, Maita advirtió que, de persistir la ausencia de un Estado fiscalizador, podríamos “alcanzar escenarios de violencia y crimen organizado similares a los del norte del país”, donde la minería ilegal del oro ha facilitado la entrada de mafias vinculadas al narcotráfico y la trata de personas.
Maita remarcó que el IPE identificó presencia de mineros ilegales en zonas concesionadas a proyectos estratégicos como Michiquillay, Los Chancas y Haquira. “Esto representa un serio riesgo para el desarrollo de nuevos proyectos de inversión minera, al dificultar la liberación de terrenos y aumentar la conflictividad social”, añadió.
El problema se agrava con la posible ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Por ello, el IPE insiste en que un primer paso para enfrentar con firmeza la minería ilegal es el cierre de este registro, así como la implementación de una estrategia integral que incluya una mayor fiscalización, trazabilidad y cooperación internacional.
