Darío Zegarra, del IIMP: Se deben sincerar plazos para aprobación de permisos y licencias de la actividad minera

Para Darío Zegarra, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), son cinco los desafíos que se deben abordar en el país para el desarrollo de la industria minera. Señaló que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) tiene como reto sectorial atender la tramitología, proteger la predictibilidad sobre las concesiones mineras (el Perú tiene un esquema competitivo), prevenir la conflictividad social que paraliza proyectos, utilizar los recursos provenientes de la minería de manera eficiente y brindar seguridad en el entorno.

“Como profesionales de la minería peruana, son diversos los desafíos que identificamos para el desarrollo de nuestra industria y, más aún, para el aprovechamiento de esta en beneficio del país”, refirió en el Jueves Minero.

El ingeniero de minas señaló la necesidad de sincerar los plazos para la aprobación de permisos y licencias, que han llevado que pasemos de 7 meses estimados para la espera de una aprobación hasta 8 años en demoras. 

“Si atendemos esos desafíos de forma cohesionada, lograríamos desarrollar nuevas minas, que fortalezcan la presencia del Perú en el mundo, como un país estratégico para el suministro de los minerales. Hemos cerrado el 2024 con un monto de inversión minera que supera los US$4,900 millones. No obstante, tenemos capacidad incluso para duplicar esta cifra. En 2013, por ejemplo, la inversión superó los US$8,000 millones, y en 2014, estuvimos bordeando los US$9,000 millones”, sostuvo.

El titular del IIMP recordó que un informe del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) de 2024, alertó que la no ejecución de 23 proyectos mineros retrasados generaron cuantiosas pérdidas, tanto fiscales como económicas.

“En términos de PBI, se estima una pérdida de más de S/698,000 millones a precios constantes 2007. Y entre 2008 y el 2022, se dejaron de recaudar más de S/122 689 millones en ingresos fiscales: casi el 50% del presupuesto público nacional para el 2025”, lamentó.

Un aspecto crucial, dijo, es la consolidación de la Política Nacional Multisectorial de Minería al 2050, considerada fundamental para aprovechar de manera eficiente el contexto de transición energética en el mundo. 

“Con una mirada multisectorial, podremos establecer reglas claras para los inversionistas y atender las barreras burocráticas que hoy limitan el flujo del capital. Hace unos meses, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, dio cuenta de 21 proyectos mineros paralizados, por un monto total de inversión de US$18,000 millones”, sostuvo. 

Zegarra agregó que como parte de ese desafío está también una estrategia de lucha contra la minería ilegal, con trazabilidad, identificando los canales de suministro, producción, transporte y exportaciones de los minerales que se extraen ilegalmente del país, y que vienen generando violencia, contaminación y atentados continuos contra los derechos humanos. 

“Consideramos que es imperativo que el Gobierno Central, a través de sus organizaciones especializadas, rija y fiscalice el proceso de formalización, además de establecer plataformas, procesos y plazos específicos para ello. De igual manera el Reinfo no puede mantener su vigencia, habiendo demostrado no sólo su ineficacia, sino también su vulnerabilidad frente al desarrollo de prácticas ilegales”, comentó.