El alto comisionado para el combate a la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, informó que en el 2024 la Policía Nacional del Perú, el Ejército del Perú y la Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi), con el acompañamiento de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, ejecutaron más de 720 operativos de interdicción en diversas regiones del país, que permitieron la incautación y destrucción de bienes destinados a esta actividad valorizados en más de S/ 2230 millones.
Solo en la primera quincena de diciembre se registraron 21 intervenciones en distintas zonas de las regiones Madre de Dios, Piura, Amazonas, Huánuco y Loreto, que permitieron la interdicción de bienes cuyo valor supera los S/ 17 millones. Y el 22 de diciembre se efectuó un operativo en el distrito de El Cenepa, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, en el que se incautó y destruyó bienes y materiales avaluados en S/ 24 millones.
El alto comisionado anunció que para el año 2025 las acciones que se impulsarán desde el Estado para erradicar la minería ilegal se llevarán a cabo bajo una nueva estrategia nacional que tendrá carácter integral y que ha sido elaborada por una comisión multisectorial de naturaleza permanente.
“La nueva estrategia no se limitará a la interdicción de las dragas o de las bocaminas. Enfrentará múltiples aspectos y partes de la cadena de valor de la minería ilegal, y pondrá énfasis en la necesaria formalización, el impulso de actividades económicas alternativas y la trazabilidad de materiales”, indicó García Esquerre, quien en las últimas semanas coordinó acciones contra la minería ilegal en Loreto y Amazonas, cerca de la frontera con Ecuador.
La comisión multisectorial para la lucha contra la minería ilegal se creó en diciembre del 2023 con el objeto de realizar el seguimiento a la formalización minera y a las acciones destinadas a la erradicación de la minería ilegal y recuperación del ambiente. Este grupo de trabajo se reúne de manera periódica y reporta informes cada 15 días al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien monitorea de manera permanente la lucha contra esta ilícita actividad.
