Durante una reciente conferencia de prensa del Grupo de Diálogos, Minería y Desarrollo Sostenible (GDMDS), Dante Vera, director fundado de V&C Consultores, y Olinda Orozco, presidente del Instituto Redes de Desarrollo Social, relataron la falta de regulación y control en las plantas de procesamiento y comercialización de oro en el Perú.
Vera expresó su inquietud sobre la cantidad desconocida de plantas de procesamiento de minerales que operan en el país, muchas de las cuales no están registradas o funcionan en condiciones que desafían la legalidad. “No se sabe cuántas plantas de procesamiento hay en el Perú. Hay algunas registradas como formales, pero incluso algunas formales tienen procesamientos que no son muy legales”, advirtió el especialista.
Según el experto, este eslabón de la cadena minera es crítico, ya que, en muchas ocasiones, las plantas no reconocen el verdadero valor del oro, lo que afecta a los productores mineros. Además, mencionó que existen evidencias que sugieren que algunas de estas plantas, tanto formales como informales, están involucradas en redes de contrabando y exportación de mineral ilegal, respaldadas por documentos falsificados.
Por su parte, Orozco puso en relieve la falta de control en la comercialización de minerales, un aspecto que, según ella, es fundamental para entender los problemas que enfrenta el sector.
“Las regulaciones son muy abundantes con respecto al ciclo minero, pero en el caso de las plantas de procesamiento no son tantos. Creemos que la ‘madre’ de todos estos problemas es la comercialización, ya que es en esta fase es donde menos regulación existe, lo que facilita la mezcla de lo legal y lo ilegal”, añadió.
Ambos especialistas y coordinadores del GDMDS coincidieron en la necesidad de una reforma profunda que aborde las debilidades en la regulación del sector de procesamiento y comercialización de minerales. Destacaron que una mayor vigilancia y control en esta área no solo ayudaría a combatir la minería ilegal y el contrabando, sino que también fortalecería el marco legal que rige la industria minera en el país.
