El enorme auge de tecnologías de energía limpia, como los vehículos eléctricos y la energía solar fotovoltaica, combinado con un reequilibrio de la economía de China hacia un modelo de desarrollo más limpio, cambia la trayectoria del sistema energético mundial. Pero Latinoamérica debe adoptar la transición energética a su modo.
Irene Alfaro, directora gerente de ARPEL (Asociación de Empresas de Petróleo, Gas y Energía Renovable de América Latina y el Caribe), sostuvo, en el Perú Energía 2024, organizado por Prensa Grupo SAC, que “nuestra región necesita aumentar sustancialmente el suministro de energía segura, asequible y, preferentemente, baja en emisiones”. La demanda de energía primaria se duplicará al 2050 “y esas energía tienen que salir de algún lado, ciertamente”.
Un consenso regional va tomando forma respecto a la transición energética en América Latina y el Caribe: es un desafío mayor que debe ser analizado desde diferentes perspectivas, con pragmatismo, neutralidad tecnológica y que tome en cuenta la realidad de cada país y la base debe ser el desarrollo social. Solo si incluimos el componente social, la transición energética será justa, dijo Alfaro. Recientemente, ARPEL ha publicado un estudio titulado Transición energética justa en América Latina y El Caribe.
Para Irene Alfaro, la transición energética justa en América Latina y El Caribe está relacionada con el aprovechamiento de los recursos, todos, en los países en desarrollo. “No podemos negar el derecho legítimo de los países en desarrollo de utilizar sus recursos hidrocarburíferos de forma responsable a la vez que trabajen en sus prioridades de desarrollo social y económico”, dijo.
Aunque es ampliamente aceptado que la transición energética debe apoyarse en las fuentes de energía renovables, con respecto al petróleo y al gas natural, Alfaro sostuvo que estos son focos de desarrollo fiscal y económico principalmente en las zonas en donde operan y, en muchos países, son el pilar de acceso energético y, por tanto, los países que cuenten con ellos deben aprovecharlos de forma responsable y en simultáneo con políticas que fomenten la innovación energética y el paulatino paso hacia las fuentes de energía bajas en emisiones. En otras palabras, que se respete a cada país de nuestra región su derecho a elegir su propio rumbo y ritmo de transición.
Pero ¿cómo se mide una transición energética justa? Para ARPEL, los parámetros críticos que deben ser considerados son el incremento de la oferta, el acceso a energía baja en carbono, la descarbonización costo-efectiva, el aumento de oportunidades laborales y el incremento de negocios bajos en carbono. “La transición de la forma en que operamos debe ser consistente con el desarrollo sostenible”, recalcó Alfaro. “ARPEL reconoce la urgencia de combatir el cambio climático y adicionalmente enfrentamos el desafío de la pobreza energética, lo que afecta la transición a fuentes de energía alternativas”.
