El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, informó que desde su sector proponen dos iniciativas legislativas para optimizar la ejecución de los proyectos de desarrollo en beneficio del país.
Así lo sostuvo en la sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, donde se presentó el Gabinete Ministerial para sustentar el Proyecto de Ley 7752/2023-PE, que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional.
El titular del Ministerio del Ambiente (Minam) se refirió a la primera propuesta modificatoria, sobre el fortalecimiento de la Ley N° 27446, Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, para que todos los sectores mejoren sus herramientas técnicas necesarias para tener evaluaciones ambientales de mayor calidad y en los tiempos previstos por ley.
Respecto a la Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible, indicó que con el nuevo planteamiento se reforzará la coordinación entre los diversos sectores involucrados y que las gestiones para la certificación ambiental y los títulos habilitantes de los proyectos se efectúen de manera simultánea, lo cual impactará positivamente en tiempos y plazos.
“Con estas iniciativas legislativas avanzaremos con el cumplimiento de las recomendaciones para adherirnos a la OCDE, con el objetivo de optimizar procesos, mejorar la calidad de la evaluación de impacto ambiental y ejecutar proyectos de manera oportuna, sin comprometer los principios de la OCDE”, mencionó el ministro.
Asimismo, informó que actualmente existen 123 proyectos en trámite a la espera de las certificaciones ambientales, equivalentes a US$ 21 mil millones en conjunto. De estos, 63 son de infraestructura y servicios públicos, otros 60 son proyectos de agricultura, hidrocarburos, electricidad y minería.
Dijo que los procesos se realizarán dentro de los períodos establecidos legalmente, mejorando la eficiencia y simplificación de los trámites, además de garantizar la rigurosidad de las evaluaciones ambientales en la ejecución oportuna de proyectos para el cierre de brechas sociales y económicas en el país.
