El gobernador del departamento de Santander, centro-norte de Colombia, Juvenal Díaz, denunció la presencia de miembros del Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), en el páramo de Santurbán.
El EGC es un grupo neoparamilitar y probablemente el cartel de la droga más grande del país, que se creó después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Su presencia en Santander tiene como objetivo controlar las operaciones mineras ilegales de oro.
Según Díaz –un general retirado del ejército reconvertido en político–, los delincuentes no sólo se están apoderando de la zona sino también contaminando las fuentes de agua.
“Hemos solicitado al Ejército Nacional que establezca presencia allí”, dijo el gobernador durante una entrevista con medios locales. “Ahora tenemos que concientizar a la gente para que denuncien cualquier actividad irregular porque estos grupos empiezan a tomar las minas y generan muertes y desplazamientos. No queremos eso”.
Díaz también dijo que está comprometido con la protección del páramo, ya que la minería en la zona está prohibida desde 2011.
“Como gobernador he dicho que seré el primer defensor del agua y de los páramos en este departamento. Aquí no puede haber minería. Estoy comprometido con la promesa que me ayudó a ganar las elecciones, que se centró en priorizar el medio ambiente junto con el bienestar humano”, dijo.
El páramo de Santurbán es un área protegida de la cordillera de los Andes. También es la zona que rodea el proyecto aurífero Soto Norte, valorado en US$ 1,200 millones, presentado por la Sociedad Minera de Santander (Minesa), empresa propiedad del gobierno de Abu Dabi a través de su brazo inversor Mubadala Investment Company.
La propuesta fue archivada en 2020 por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Colombia, bajo el argumento de que había demasiadas preguntas sin respuesta en la evaluación de impacto ambiental de Soto Norte y la documentación de seguimiento presentada por Minesa.
