Miguel Cardozo, presidente de PERUMIN 36, enfatizó el compromiso establecido durante la Convención Minera, donde la industria se comprometió a formar parte activa de un grupo de trabajo multiactor, con el objetivo de agilizar las inversiones privadas y avanzar significativamente hacia una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos para el desarrollo. Su discurso parecía estar alineado con las declaraciones de las autoridades presentes en el evento.
Sin embargo, en su reciente columna en el diario Gestión, Cardozo reflexionó sobre la continuación del proyecto de Ordenamiento Territorial y la creación del Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial, que fue enviado al Congreso por el Ejecutivo en agosto.
Este proyecto contradice completamente lo expresado por los representantes del sector público en PERUMIN. De ser aprobado, permitiría a las autoridades regionales establecer zonas restringidas para cualquier actividad económica, incluyendo la minería, incluso cuando las empresas cuenten con todos los permisos y condiciones necesarias para operar.
De esa manera, la norma pone en riesgo la cartera de inversión minera de USD 53,000 millones y desalienta a los empresarios de generar nuevas inversiones en el país.
“El proyecto claramente es un nuevo escollo para la inversión, desalienta a los empresarios y otra vez es un paso atrás para crear las condiciones de confianza que, sobre todo ahora, se requieren para reactivar la economía”, señaló Cardozo.
Como parte de los riesgos que representa dicho proyecto, Cardozo hizo mención de la influencia del criterio ideológico, que muchas veces se impone al técnico e impide el desarrollo económico y social. “Esta no es la primera vez que las autoridades de este país proponen un procedimiento de espíritu excluyente, que rompe la confianza de los inversionistas”, agregó.
En esa línea, recapituló que en el 2021, el gobierno intentó promover una norma similar, y el Ministerio de Energía y Minas emitió una opinión contraria. Dos años más tarde, en julio 2023, la bancada de Perú Libre también presentó una propuesta de Ley de Ordenamiento y Gestión Territorial al Congreso y en el mismo mes, el Premier Otárola, ante el II Consejo de Estado Regional, anunció la aprobación en el gabinete ministerial del proyecto de Ley para el Ordenamiento Territorial señalando que el proyecto fija la rectoría de la PCM como ministerio articulador en la materia.
Asimismo, Otárola invocó a la Mesa Directiva del Congreso a agendar la atención de dicha iniciativa.
“Estos proyectos no difieren en su esencia, por lo que se conservan los riesgos que constituyen un desaliento para la inversión”, precisó el presidente de PERUMIN 36, quien finalizó la columna reafirmando la importancia de darle impulso a la industria minera como motor de crecimiento y sobre todo de desarrollo, que tanto se necesita para todos los peruanos.
“Nada de ello será posible si no se logran sinergias con las autoridades locales, regionales y las nacionales. Las necesidades que afronta el país, demandan diálogo y acuerdos de todas las partes”, apuntó.
