El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda, aseguró que la ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) es el punto de partida para la reforma de la construcción y el cierre de brechas en el país.
“Juntamos a los equipos técnicos del Ejecutivo y el Congreso para sacar adelante esta ley que expresa los consensos que el Perú requiere. Esta norma significa una reforma profunda en el proceso de construcción de infraestructura en el país”, indicó el jefe del Gabinete Ministerial durante la ceremonia de promulgación de la ley que crea la ANIN.
Durante la actividad, que fue liderada por la presidenta de la república, Dina Boluarte, el premier Otárola destacó que la ANIN ejercerá sus competencias a nivel nacional. “Va a trabajar con todas las regiones y municipios, y priorizará esa inmensa cartera de proyectos especiales cuya culminación es aún pendiente”, añadió.
La ceremonia contó con la asistencia del titular del Congreso, José Williams, los ministros de Economía y Finanzas, Alex Contreras; Educación, Magnet Márquez; Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, y Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, y de la presidenta de la Comisión de Descentralización del Congreso, Diana Gonzales.
Además, estuvieron presentes el contralor general de la república, Nelson Shack, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Rohel Sánchez, y de representantes de la sociedad civil.
Con la creación de la ANIN, el Gobierno dota al Estado de un organismo con las capacidades necesarias para impulsar el cierre de brechas en infraestructura de acceso básico, que ascienden a S/117 millones según el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad.
Cabe indicar que esta autoridad, a diferencia de iniciativas anteriores, contará con funciones claras que garantizarán su éxito, como la formulación y ejecución de los proyectos y el mantenimiento de las obras hasta por 4 años, con el objeto de garantizar la sostenibilidad de los mismos.
La promulgación de la ley se enmarca en los ejes de “Reactivación económica” y “Más infraestructura y servicios para una mejor calidad de vida” consignados en la Política General de Gobierno.
