Tras tomar conocimiento de las denuncias sobre presuntas irregularidades cometidas por la empresa estatal Activos Mineros SAC (Amsac), referidas a que se habría entregado la buena pro a empresas que no reunirían determinados requisitos para llevar a cabo las tareas de remediación ambiental, la Defensoría del Pueblo exhortó a dicha entidad a adoptar medidas inmediatas que garanticen la integridad en los procesos de contratación.
Al respecto, durante el año 2022 el Órgano de Control Institucional de Amsac emitió tres informes en los que se identificó cinco procesos de selección en los cuales las empresas proveedoras habrían entregado información falsa para acreditar los requisitos que se exigían para realizar la labor de remediación ambiental, en perjuicio de la idoneidad que deben cumplir para desarrollar esta especial misión.
Para la Defensoría del Pueblo, estas presuntas irregularidades no solo habrían puesto en riesgo el uso eficiente del presupuesto otorgado para tal efecto, sino también la recuperación de los ecosistemas afectados por antiguas operaciones mineras y la salud de las personas.
Por ello, sin perjuicio de las investigaciones necesarias para la determinación de responsabilidades civiles y penales por los referidos hechos, la institución solicitó a la empresa Amsac –entidad adscrita al Ministerio de Energía y Minas (Minem)– designe un oficial de integridad responsable de articular la función de integridad con el resto de áreas administrativas y de línea, a fin de evitar que situaciones como las advertidas se repitan.
El pedido fue dirigido a través de un informe en el que se recuerda que Amsac tiene a cargo la remediación ambiental de 1187 pasivos ambientales de la actividad minera. De ellos, 1153 han sido reportados como de alto riesgo y, pese a tal condición, en más de la mitad no se ha iniciado ejecución de obras para su remediación, encontrándose en las primeras etapas de diagnóstico y estudios de ingeniería.
“Se requiere que la empresa disponga acciones urgentes destinadas a cumplir sin dilaciones, y en forma adecuada, los encargos otorgados por el Minem, en estricto cumplimiento de la normativa en materia ambiental minera, de inversión pública y de contrataciones del Estado, bajo criterios de oportunidad y eficiencia, teniendo en consideración la antigüedad de dichos encargos”, sostuvo la adjunta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Lissette Vásquez.
Vásquez también advirtió que el Minem debe implementar acciones de seguimiento para garantizar el cumplimiento oportuno y efectivo de los encargos de remediación de pasivos mineros dados a Amsac; e insistió en el deber del Ministerio del Ambiente de impulsar y liderar las acciones destinadas a la gestión de los pasivos ambientales de la actividad minera hasta su remediación, en su calidad de ente rector del sector ambiental, en cumplimiento de lo previsto en la Política Nacional del Ambiente.
La representante de la Defensoría del Pueblo explicó sobre la urgencia de que el Estado, a través del Minem, disponga las acciones necesarias para cerrar la brecha de gestión de los pasivos ambientales, principalmente de aquellos considerados de alto y muy alto riesgo, sin perjuicio de las acciones para la identificación de los responsables de su generación. De otro lado, recordó que, si bien el Minem ha reportado avances en las acciones orientadas a remediar los pasivos ambientales, se registra aún una cifra superior al 54 % de casos que no tienen gestión alguna para su remediación.
Finalmente, entre otros aspectos, Vásquez también recomendó al Minem disponer acciones necesarias para ejecutar eficientemente el presupuesto asignado al Programa Presupuestal 120, principalmente en lo que concierne al seguimiento y control de los proyectos de remediación ambiental y la transferencia financiera para esta labor, considerando la importancia de ambas actividades, sobre todo en aquellos casos calificados de alto y muy alto riesgo.
