Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), sostuvo que “aún al 2023 se requieren más de 400 permisos para poner en producción una mina” pero esperan que “cambie pronto esta situación, pues hoy más que nunca necesitamos agilizar inversiones”. Esta semana el Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció su intención de dar prioridad a nueve proyectos mineros, a través de la agilización de sus respectivos permisos y de esta manera impulsar su avance.
Entre estos figuran, tres proyectos para construcción de minas (Zafranal, Reposición Inmaculada y Ampliación Toromocho), y seis proyectos de exploración (La Zanja, Quicay II, La Paccha, Soledad, Tambomayo y Jasperoide), que en conjunto suman más de US$ 4,400 millones. “Saludamos este anuncio, sin embargo, consideramos que este adquirirá la respectiva importancia siempre y cuando se logren destrabar los mencionados emprendimientos en un tiempo prudencial y no se traduzca solo en buenas intenciones, como ha venido sucediendo en los últimos años”, dijo Ortiz en una reciente columna de opinión.
Al 2023 la aprobación de muchas de estas autorizaciones no recae solo en el Minem, sino también en otros ministerios, “que no necesariamente van al mismo ritmo esperado o comparten los mismos objetivos, lo cual refleja cierta descoordinación”, dijo. “Y esta falta de unidad se evidencia en algunos mensajes difundidos también esta semana, como el del Ministerio del Ambiente que en parte atribuiría la demora de los permisos a las empresas consultoras encargadas de la elaboración de los instrumentos de gestión ambiental”.
De otro lado, recalcó que es importante continuar con la tarea de remediación de pasivos ambientales mineros, que según el Minem a la fecha suman unos 6900 a nivel nacional. “El desafío actual de la minería sigue siendo transformar estos pasivos en activos ambientales, como ha ocurrido en Europa”, declaró.
“Actualmente existen planteamientos como el utilizar el mecanismo de obras por impuestos. Es decir, así como se utilizan los impuestos para proyectos de infraestructura se podría utilizar para remediar terrenos impactados por la minería”.
