Para José Mansen, jefe de la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, las mesas de diálogo se han convertido en un negocio o modus vivendi para los asesores legales, pues ellos buscan cualquier motivo para que estas se abran en la zona de conflictos y nunca se cierren, debido a que promueven la incorporación de mayores exigencias que rebasan la capacidad de la empresa minera y las expectativas de las comunidades.
“En muchos casos, las mesas de diálogo, pese a que son temporales, nunca terminan, pues cada vez se les agregan nuevos pedidos, al punto de volverse perversas. Estas deben tener un inicio y un final para tener un efecto en el proceso de resolución del conflicto social. Y si continúan su curso normal, los asesores se quedan sin trabajo y eso representa un riesgo para ellos”, analizó en Rumbo a PERUMIN – Desafíos de la gestión de la conflictividad social.
Dicho esto, argumentó que los conflictos sociales deberían contabilizarse de mejor manera por la Defensoría del Pueblo en los respectivos reportes mensuales, pues solo aquellos que hayan comenzado la etapa de diálogo no tendrían por qué ser considerados como tal, lo que contribuirá a reducir los escenarios de tensión en las distintas regiones y a mejorar la imagen del país para seguir atrayendo las inversiones necesarias para el cierre de brechas.
“Se hablan de 219 conflictos sociales en el presente, pero lo que realmente tenemos son eventos que empezaron como un problema reportado por periodistas u ONGs y luego fueron ingresados al reporte. Solo los casos con diálogo en curso deberían ser omitidos de este documento, pues demuestran que hay intención de intercambiar opiniones y consensuar soluciones. Esto mejorará el clima de relacionamiento y de inversiones”, reflexionó.
De otro lado, sostuvo que quienes generan más violencia durante el conflicto social en ciernes, no son las personas que forman parte de los corredores mineros o habitan cerca a las operaciones mineras, sino aquellos que están fueran de los alrededores y no tienen posibilidad alguna de negociar con sus contrapartes, y que utilizan el propósito de la defensa del ambiente con el único fin de obtener dinero de las empresas mineras.
“Las comunidades han adoptado una percepción rentista del conflicto social para recibir renta de las compañías mineras, mediante una participación en el accionariado o utilidades, aduciendo que les corresponde lo que produce la tierra, y sin importarles que ya no tienen derechos sobre los terrenos que vendieron anteriormente por la vía legal. Asimismo, los mineros ilegales aprovechan los conflictos para posicionarse en concesiones ajenas”, señaló.
Como respuesta a los conflictos sociales, el jefe de la Oficina de Gestión Social del Minem indicó que el Gobierno ha dispuesto que se les asigne un grupo de departamentos a cada ministerio para que estos coordinen la implementación de una serie de medidas preventivas y resolutivas, las cuales consideran, por ejemplo, que los titulares u otros altos funcionarios se reúnan con los gobiernos locales y regionales para conocer sus necesidades.
“El Estado no obliga a ninguna ni a la empresa ni a la comunidad a sentarse en la mesa para iniciar el diálogo; por el contrario, espera que haya un acercamiento voluntario entre ambas para gestar un diálogo abierto y transparente. Solo si no hay acuerdos, el Estado interviene para activar el diálogo. Lógicamente, hacemos el mayor esfuerzo para llevar a ambas partes al diálogo y que acepten nuestra mediación para generar consensos”, dijo José Mansen.
