Si el territorio no cuenta con diversificación productiva de su economía y tampoco con un gobierno responsable con la gestión de recursos dinerarios, pocas posibilidades tendrá para atraer inversión privada, y por lo tanto menos oportunidades para alcanzar el bienestar social con servicios básicos de primer nivel, infraestructura en óptimas condiciones y empleo digno.
De acuerdo con Darío Zegarra, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, en zonas remotas y de gran altitud, donde la escasez apremia y las potencialidades son pocas, es la actividad minera la que asume por voluntad propia la construcción de carreteras, líneas eléctricas, redes de agua potable y mucho más, brindándole mejor calidad de vida a la población.
“Existe una simbiosis entre inversión privada con diversificación productiva y gestión pública madura. Si no se tiene ambos factores, difícilmente aterrizarán nuevos capitales, excepto de la minería, pues es uno de los pocos sectores que construye caminos, puertos, tendido eléctrico, etc., pese a las dificultades de la geografía. Y eso no lo hace el turismo ni la agricultura”, arguyó.
Durante su participación en el II Foro Nacional por el Día del Minero, organizado por el Instituto Peruano en Ciencias de la Tierra y la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas, aclaró que, si bien la minería realiza esfuerzos por crear valor compartido con sus áreas de influencia, no puede reemplazar el rol del Estado, mas sí actuar agente impulsor del desarrollo territorial.
“En muchos casos, somos el agente estabilizador en el tiempo. Los procesos democráticos nos otorgan autoridades por cuatro años, pero nosotros como sector minero tenemos 20, 30 o 40 años en el territorio, y por ende tenemos la oportunidad de catalizar y sostener procesos de aprendizaje y acción colectiva que nos permitan mover la aguja del crecimiento”, destacó.
Métricas para conocer avances
Para el también country manager de Newmont Perú, así como sucede en la industria minera, también es esencial implementar métricas para monitorear los indicadores socioeconómicos a nivel distrital y tomar decisiones adecuadas para el cierre de brechas, más aún en momentos en que los gobiernos locales suelen gastar menos de la mitad de su presupuesto de inversión.
“La distribución de los recursos se realiza por tamaño de la población, por nivel de pobreza y por el lugar donde se ubica el depósito minero, pero no se considera la capacidad de ejecución. Incluso, algunos distritos prefieren no mostrar el progreso real de los indicadores de crecimiento social y económico por temor a recibir menos dinero, pese a que están mejorando”, advirtió.
Darío Zegarra acotó que con la misma lógica que la empresa minera elabora el Estudio de Impacto Ambiental con miras a minimizar los riesgos socioambientales vinculados al proyecto minero, también debe trabajar por maximizar los beneficios del proyecto para con las comunidades del entorno, así como replantear la estrategia de diálogo para evitar conflictos.
“El diálogo debe primar en tiempos de paz y tensión. Sin embargo, la ley nos faculta instalar una mesa de diálogo por un lapso de seis meses solo cuando hay conflicto. Esta situación no aporta al fortalecimiento institucional, apenas termina siendo un paliativo de corto plazo donde se firman un par de actas para apaciguar las revoluciones hasta el siguiente bloqueo”, lamentó.
