La baja ejecución de gasto por los gobiernos regionales y locales con ingresos provenientes de industrias extractivas se debe a que hay una falta de alineamiento de proyectos con cierre de brechas sociales. Así lo señaló el economista Gonzalo Tamayo, socio de Macroconsult, durante su análisis sobre desarrollo territorial, un enfoque de trabajo propuesto por la industria minera para impulsar el bienestar en el Perú.
Tamayo, durante la segunda jornada del evento Rumbo a PERUMIN “Desarrollo Territorial: un desafío para el cierre de brechas sociales”, también indicó que la baja ejecución frente a la evolución creciente de recursos, la abundancia de proyectos inconclusos, evidencias de actos de corrupción, fragmentación de proyectos y la insuficiente transparencia en las transferencias dificultan una adecuada ejecución en el gasto de recursos.
“Los problemas en el país ya son conocidos; sin embargo, el problema de fondo es la ausencia de una mejora sostenida en el bienestar de los ciudadanos. Esto se ve reflejado en las brechas que existen actualmente, sobre todo en sectores clave como educación e infraestructura, así como en el porcentaje de proyectos paralizados y sin ejecución a lo largo del territorio”, detalló Tamayo.
Las transferencias
Tamayo indicó que el alto precio del cobre (por encima de los US$3 por libra) indica que las transferencias por canon, regalías y el impuesto especial a la minería (IEM) serán estructuralmente altos los próximos años debido al elevado precio internacional de los minerales. No obstante, precisó que el país se encuentra frente a un problema estructural que requiere soluciones de mayor horizonte que las que se han aplicado hasta ahora.
En ese sentido, el ponente detalló que siempre habrá restricciones de índole legal e institucional para un mejor aprovechamiento de los recursos, a lo que también se suman los actos de corrupción. Esto no permite que haya consenso político para cambios legales profundos y corregir fácilmente los problemas de una descentralización no vinculada a corredores económicamente integrados.
Propuesta
Tamayo destacó que se requiere liderazgo por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de esfuerzos que puedan trascender, más aún cuando ahora hay 72 funcionarios en dicho ministerio. Dijo que el contacto entre las autoridades de los diversos gobiernos locales, el MEF y otros ministerios debe ser permanente, sobre todo cuando la tecnificación actual permite la interacción de manera remota. Además, destacó que un soporte de cooperación técnica internacional, así como el apoyo de empresas privadas al equipo del MEF, permitirá desarrollar un plan de desarrollo territorial.
“Se debe tener en cuenta que los funcionarios del gobierno central pueden derivar funciones a sus pares de gobiernos regionales, con el objetivo de centrarse en temas más macro. Además, y como propuesta, se puede tener un esquema de incentivos para inversión en conjunto y tener un plan para saber por cuál de las regiones comenzar” finalizó el economista.
