Compañía de Minas Buenaventura detuvo las actividades de la mina Julcani, ubicada en la provincia de Angaraes, región de Huancavelica, luego de que el último domingo entre 280 y 300 personas amenazaran al personal de la operación. Como consecuencia, por cada día de paralización la minera pierde entre US$ 180,000 y US$ 200,000, y sus 1.200 trabajadores dejan de percibir remuneraciones, dijo a Gestión el gerente general de la empresa, Leandro García.
Una hora después de estos hechos, la compañía optó por detener las operaciones de la mina, puesto que de lo contrario los trabajadores se encontrarían bajo riesgo de ser atacados. “Vamos a continuar [con la paralización] hasta que tengamos la certeza de que ninguno de los trabajadores va a sufrir un riesgo físico o a su integridad”, adelantó Leandro García.
“En días anteriores, hemos podido conversar con ellos, disuadirlos de esta medida de fuerza. Pero ayer [domingo] se acercó un grupo mucho más grande, de entre 280 o 300 personas, con actitud más beligerante, poco ánimo para negociar y, ante el riesgo al que se veían expuestos nuestros trabajadores, accedimos a firmar el acta y suspender las labores de trabajo de la unidad minera”, relató. En el acta que firmaron bajo amenaza, se comprometía a la empresa a detener sus labores y a apoyar las manifestaciones en contra del Gobierno de Dina Boluarte.
Durante la invasión a la unidad minera ocurrida alrededor de las 11 a.m. del domingo, no se presentaron agresiones físicas, pero sí amenazas de posible violencia si los trabajadores no accedían a las peticiones de los manifestantes. Estas personas también causaron destrozos en el lugar, quemaron llantas y dañaron vehículos de la compañía minera, según indica el gerente.
