El contralor general de la República, Nelson Shack, anunció que su institución ha estimado que en el 2022 los actos de corrupción e inconducta funcional en la administración pública ocasionaron un perjuicio económico de al menos S/ 25.000 millones. Shack aclaró que el efecto negativo en las arcas del Estado no solo comprende al gobierno de Pedro Castillo, sino el año en general.
“Más de S/ 25.000 millones perdidos en 2022, por los datos que tengo, de todas maneras ¿Eso qué significa? Que S/13 de cada S/ 100 que se gasta n en el Perú se pierden, o porque se lo roban, o porque hay ineficiencia, despilfarro e incompetencia. Ese es el tamaño la pérdida”, declaró el funcionario en entrevista con Exitosa.
A modo de ejemplo, dijo que si solo se perdiera la mitad, “no habría más pobres”, debido a que la brecha de pobreza monetaria es de S/ 12.000 millones. Reveló también que esa cantidad podría utilizarse para destinar un bono a las familias más vulnerables del país, a fin de que superen el umbral de pobreza.
“Se sabe lo que se tiene que hacer [para dejar de perder dinero] pero para eso tiene que haber voluntad”, expresó. Ante ello, consideró que la clase política, es decir el Ejecutivo y Legislativo, debe renovarse “lo más pronto posible” para tomar ese tipo de decisiones.
Durante el 2022, la Contraloría General de la República, como resultado de sus informes de control posterior, determinó presuntas responsabilidades de hechos irregulares en 8.730 funcionarios públicos en cargos de titular, directivos, profesionales y técnicos de diversas entidades del Gobierno nacional, regional y local, informó el contralor general, Nelson Shack.
“En el 2022 hemos identificado a más de 8730 funcionarios y servidores públicos con presunta responsabilidad, eso es 1.000 más que lo detectado en el 2021. De esos 8.730, hay 3.000 que pertenecen a entidades del Gobierno Nacional y esta cifra significa 40% más que lo reportado en 2021”, señaló.
