“El foco de los disturbios violentos de Perú volvió al empobrecido sur rural después de que las manifestaciones masivas en Lima la semana pasada no lograron derrocar al frágil gobierno de la presidenta Dina Boluarte”, dice Bloomberg en un reciente despacho.
El sur de Perú, rico en cobre, es el corazón de la industria minera del país, así como de su sector turístico. El sábado, el Ministerio de Cultura cerró la atracción turística más conocida de Perú, el sitio arqueológico de Machu Picchu, hasta nuevo aviso.
La crisis desatada por la destitución del presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre después de que “intentara disolver el Congreso” había cobrado la vida de 54 civiles y un policía hasta el domingo, según la Defensoría del Pueblo. “Hasta ahora, el caos le ha costado al país el equivalente a aproximadamente dos puntos porcentuales del producto interno bruto en pérdida de producción”, según una investigación de Felipe Hernández de Bloomberg Economics.
Los pirómanos quemaron oficinas de los servicios de inmigración y aduanas, así como una estación de policía en la cercana ciudad sureña de Puno el domingo. La carretera Panamericana cerca de la ciudad de Ica permaneció bloqueada y los aeropuertos de Arequipa y Juliaca están cerrados.
Los manifestantes exigen nuevas elecciones y el reemplazo del gobierno y el congreso. Muchos también quieren una reescritura de la constitución.
Boluarte, quien fue vicepresidente de Castillo, es impopular tanto entre los partidarios de Castillo como entre la oposición. Ha prometido elecciones anticipadas, pero el Congreso aún no ha fijado una fecha para la votación, que podría llevarse a cabo en abril de 2024.
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