El Foro Económico Mundial (WEF, en inglés), con el apoyo de Marsh McLennan y Zurich Insurance Group, elaboró por decimoséptimo año consecutivo el Informe de Riesgos Globales, en su edición 2023. El reporte recaba las opiniones de más de 1,200 expertos en riesgos mundiales, quienes concluyeron que entre los principales riesgos globales se encuentran la escasez en el suministro energético y de alimentos, así como los elevados aumentos del costo de la vida y del servicio de la deuda. En el caso peruano, el riesgo más preocupante es un “colapso de Estado”, o también clasificado como “severa inestabilidad”. El WEF define a este riesgo como el colapso de un Estado con importancia geopolítica mundial a raíz de un conflicto interno, golpe militar, ruptura del estado de derecho o erosión de las instituciones. Ello afecta directamente el desarrollo del sector privado.
En ese sentido, Mónica Acosta, Líder de Marsh Advisory señala que “la inestabilidad política en un contexto como el nuestro, es un riesgo ya materializado que debe considerarse al momento de revisar el cumplimiento de los objetivos de las compañías. Por tanto, es necesario un análisis de los riesgos consecuenciales al mismo, por lo que el informe se vuelve una herramienta ideal para identificar riesgos correlacionados y blindar a las compañías frente a difíciles escenarios coyunturales. Esto, sumado a otras estrategias de negocios que podrían contemplar como la implementación de sistemas de gestión continuidad de negocios para la atención de crisis o diversas opciones de pólizas creadas para este tipo de panoramas, tales como el seguro de riesgo político, se vuelven indispensables para las organizaciones a nivel nacional”.
El segundo riesgo más importante, según el WEF, es la “desigualdad digital” entre la población. A pesar de algunos esfuerzos puntuales por el sector privado y el estatal, aún existe una brecha notoria de acceso a los beneficios de la conectividad y la tecnología, como la educación, el teletrabajo, la información y la socialización a lo largo del país. Todo ello a causa de la falta de inversión, las restricciones gubernamentales, las diferencias culturales, el insuficiente poder adquisitivo, entre otras.
La “inflación sostenida” se presenta como otro riesgo importante para el Perú, y se sitúa como el tercero en la lista, incrementando el costo de vida y afectando el desarrollo económico de todos los sectores. No solo disminuye el poder adquisitivo, también incrementa los niveles de pobreza y agudiza las problemáticas de ello.
Seguido del cuarto riesgo, la proliferación de la actividad económica ilícita y la violencia potencial, las cuales retrasan y reducen las posibilidades de avance económico. Estas consecuencias se dan debido al crimen organizado o las actividades ilícitas de las empresas, tales como la evasión de impuestos, la falsificación de dinero, la trata de personas y el tráfico de vida silvestre, entre otros.
No obstante, el último riesgo es la “crisis de empleos y medios de subsistencia”, que implica la disminución de las perspectivas y estándares de trabajo. De acuerdo al INEI, la tasa de desempleo en el Perú se ubicó en 7,6% al cierre del 2022. Esta problemática incluye salarios estancados, aumento del subempleo y desempleo, despidos debido a la automatización de procesos, desajustes entre la oferta laboral y la demanda, y el abuso de los derechos de los trabajadores.
Finalmente, tomando en cuenta lo presentado en el informe del WEF, se concluye que las organizaciones deben reforzar sus capacidades para alcanzar los objetivos estratégicos planteados, a pesar de las crisis. Siempre existen amenazas, crisis y situaciones complejas, la clave está en la generación de capacidades para reforzar la resiliencia de la compañía y las estrategias para afrontarlas.
