El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, ha asistido esta mañana al Congreso de la República para conseguir el voto de confianza para su gabinete ministerial, y ha evitado en su discurso darle protagonismo a las actividades extractivas, un asunto que polariza ideológicamente al parlamento peruano y que ocasionó la prematura salida de Pedro Cateriano, su predecesor.

Una de las novedades del discurso de Walter Martos es la elaboración de un proyecto de ley para establecer un mecanismo que permita “estabilizar los recursos de canon, sobrecanon y regalía minera del vaivén de las cotizaciones internacionales a partir de establecer ahorros en un fondo de estabilización de estos recursos, cuando las cotizaciones de las materias primas sean altas y usar esos recursos cuando los precios de estas se reduzcan”.

El canon minero es la participación de la que gozan los gobiernos locales y regionales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación de recursos minerales, metálicos y no metálicos, y está constituido por el 50% del Impuesto a la Renta que obtiene el Estado y que pagan los titulares de la actividad minera por el aprovechamiento de los recursos.

El premier ha querido ir por el camino seguro y dejar de lado los proyectos mineros como solución rápida para generar dinamismo en la economía local, y en su lugar ha optado por darle relevancia a la electrificación rural, un asunto igual de relevante. 

“En el segundo semestre de 2020 se reiniciarán las actividades correspondientes a cinco proyectos de electrificación rural que representan un monto de inversión de S/ 138 millones y benefician a 94 mil habitantes de las regiones de Áncash, Amazonas, Cajamarca y Huancavelica”, dijo el primer ministro. “A julio de 2021 se concluirán 9 proyectos que representan, una inversión de S/ 23.7 Millones y beneficiarán a 14 mil habitantes de las regiones de Ancash, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lambayeque, Loreto y Puno”.

Sostuvo que, en materia de descentralización, es fundamental “resolver el problema de años de muchas municipalidades que actualmente se encuentran en situación de insolvencia”.

Refirió que algunas municipalidades “vienen atravesando por varios años una situación de sobreendeudamiento e incapacidad para cumplir con sus obligaciones con sus proveedores y agobiadas por sentencias judiciales de reposición de trabajadores y compensaciones que no guardan relación con los ingresos que perciben, ni las actividades que desarrollan, situación que las pone en situación de insolvencia y quiebra”.