Tribunal Constitucional zanjará controversia por S/11,000 millones el martes 22 de septiembre

Tribunal Constitucional zanjará controversia por S/11,000 millones el martes 22 de septiembre

Unos S/11,000 millones estarán en juego el martes 22 de septiembre, cuando el Tribunal Constitucional tenga que tomar una decisión final sobre una controversia que enfrenta a decenas de empresas y la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat).

Además del dinero, que equivale al 0.5% del PBI, se discute también el alcance del poder fiscalizador de la Sunat, la idoneidad de las normas y se planta al mismo tiempo una ambigua semilla para el futuro tributario del Perú, a entender de algunos juristas (a juicio de otros, se respetarían las reglas de juego).

Según un informe de hoy del diario La República, “unas 158 empresas, entre las que se encuentran Odebrecht, Graña y Montero, Telefónica del Perú, Latam Airlines, Buenaventura y Southern Perú, dejarían de pagar S/9.256 millones en deudas tributarias al Estado si el Tribunal Constitucional dice que el Decreto Legislativo Nº 1421 va contra las normas constitucionales”.

El fallo de este proceso marcará el camino de los próximos litigios. Otras empresas como Scotiabank Perú, Las Bambas y Sociedad Cerro Verde también permanecen a la expectativa, listas para invocar la sentencia. Scotiabank tiene reclamos tributarios por S/1.076 millones, Las Bambas por S/698 millones y Cerro Verde por S/542 millones. La presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, ha convocado a una audiencia pública.

Marcial Rubio, abogado de la Sunat, aseveró en una entrevista con RPP que el diferendo que tendrá que zanjar el Tribunal Constitucional está relacionado con los tiempos que tiene la entidad tributaria para fiscalizar y la especificación de la prescripción de las deudas. “Esto es una insensatez porque el artículo 115 del Código Tributario dice que la acción de cobro de la Sunat solo puede operar a partir de la resolución de determinación, que es al final del proceso de fiscalización”, dijo el letrado.

Añadió que de ser favorable el fallo del Tribunal Constitucional para las empresas, generaría “cierta incapacidad de control y de cobro de aquí en adelante” de la Sunat a las grandes empresas. “El cobro inicia cuando se ha acabado la fiscalización, y no antes”, remachó Marcial Rubio.

Ahora bien, sucede que también existe la posibilidad de que las empresas lleven razón. El abogado Fernando Meléndez explicó a La República que la Sunat tiene cuatro largos años para fiscalizar y determinar una deuda, y que este plazo aumente hasta ocho años es una exageración que perjudica a los contribuyentes.

El proyecto de sentencia (Exp. N° 00004-2019-PI/TC), cuya ponencia está a cargo del magistrado Ernesto Blume Fortini, recomienda declarar fundada la demanda interpuesta por el Colegio de Abogados de La Libertad y, en consecuencia, inconstitucional la referida disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo 1421, publicó en su portal el Tribunal Constitucional el pasado 14 de septiembre.

La ponencia señala además que a fin de evitar que en lo sucesivo el legislador se exceda en la emisión de normas que tienda a habilitar la potestad tributaria, considera que las reglas para el cómputo del inicio del plazo de prescripción establecidas en el artículo 44 del Código Tributario (Decreto Legislativo 816) y el inciso 7 del artículo 44 del Decreto Supremo 135-99-EF, incorporado por el Decreto Legislativo 1113, se encuentran circunscritas al cumplimiento estricto de los plazos de prescripción regulados por el artículo 43 del Código Tributario, no debiendo excederse de dichos plazos los procesos de fiscalización tributaria y de cobro de la deuda determinada.

De esta forma, considera la ponencia que “la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo 1421 supone una aplicación retroactiva de un nuevo punto de inicio del cómputo de la prescripción a casos en los que dicho evento ya se había producido y, por lo tanto, se infringe el artículo 103 de la Constitución”.

La deliberación pública remota para ver este proyecto de sentencia se realizará el martes 22 de septiembre a las 9:30 de la mañana y se requiere de cinco votos para su aprobación. Ese día el magistrado Ernesto Blume Fortini se encargará de sustentar ante el Pleno del Tribunal Constitucional la ponencia de la referida demanda de inconstitucionalidad.

Autor: Energiminas (info@prensagrupo.com)