Tribunal Constitucional: Sunat reclama S/2,083 millones a minera Buenaventura

Tribunal Constitucional: Sunat reclama S/2,083 millones a minera Buenaventura

Mañana 22 de septiembre un fallo del Tribunal Constitucional determinará quién tiene la razón: la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) o decenas de empresas formales, entre ellas muchas de las más grandes del país, que sostienen que no existe tal “deuda”. Por eso el litigio ha escalado hasta la última esfera jurídica del país.

Entre las empresas a las que Sunat reclama más tributos aparece Compañía Minera Buenaventura, del empresario Roque Benavides Ganoza. Según el diario La República, la minera ha planteado la prescripción de una “deuda” por S/2.083 millones.

Este es un caso que enfrenta a tributaristas de todas las esquinas. Desde la Sunat consideran ilógico pretender que el plazo de prescripción para exigir el pago de una deuda tributaria se compute antes de haber sido determinada, afirmó el Intendente Nacional Jurídico Tributario de la entidad, Enrique Pintado Espinoza, durante el foro “Pago de las deudas tributarias”, realizado en el Parlamento.

Para la influyente periodista y abogada Rosa María Palacios, el reclamo de las empresas es justo. “No son deudas, ni están pidiendo facilidades. Es un abuso de Sunat que quiere cobrar años de intereses por acotaciones que están en litigio y que ellos prorrogan para asaltar a los contribuyentes. Nunca he visto que el que abusa tenga tan buena prensa”, refirió en un tuit.

En total, unos S/11,000 millones estarán en juego mañana martes 22 de septiembre, cuando el Tribunal Constitucional tenga que tomar una decisión final sobre una controversia que enfrenta a decenas de empresas y la Sunat.

Además del dinero, que equivale al 0.5% del PBI, se discute también el alcance del poder fiscalizador de la Sunat, la idoneidad de las normas y se planta al mismo tiempo una ambigua semilla para el futuro tributario del Perú, a entender de algunos juristas (a juicio de otros, se respetarían las reglas de juego).

El fallo de este proceso marcará el camino de los próximos litigios. Otras empresas como Scotiabank Perú, Las Bambas y Sociedad Cerro Verde también permanecen a la expectativa, listas para invocar la sentencia. Scotiabank tiene reclamos tributarios por S/1.076 millones, Las Bambas por S/698 millones y Cerro Verde por S/542 millones. 

Marcial Rubio, abogado de la Sunat, aseveró en una entrevista con RPP que el diferendo que tendrá que zanjar el Tribunal Constitucional está relacionado con los tiempos que tiene la entidad tributaria para fiscalizar y la especificación de la prescripción de las deudas. “Esto es una insensatez porque el artículo 115 del Código Tributario dice que la acción de cobro de la Sunat solo puede operar a partir de la resolución de determinación, que es al final del proceso de fiscalización”, dijo el letrado.

Añadió que de ser favorable el fallo del Tribunal Constitucional para las empresas, generaría “cierta incapacidad de control y de cobro de aquí en adelante” de la Sunat a las grandes empresas. “El cobro inicia cuando se ha acabado la fiscalización, y no antes”, remachó Marcial Rubio.

Ahora bien, sucede que también existe la posibilidad de que las empresas lleven razón. El abogado Fernando Meléndez explicó a La República que la Sunat tiene cuatro largos años para fiscalizar y determinar una deuda, y que este plazo aumente hasta ocho años es una exageración que perjudica a los contribuyentes.

El proyecto de sentencia (Exp. N° 00004-2019-PI/TC), cuya ponencia está a cargo del magistrado Ernesto Blume Fortini, recomienda declarar fundada la demanda interpuesta por el Colegio de Abogados de La Libertad y, en consecuencia, inconstitucional la referida disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo 1421, publicó en su portal el Tribunal Constitucional el pasado 14 de septiembre.

La ponencia señala además que a fin de evitar que en lo sucesivo el legislador se exceda en la emisión de normas que tienda a habilitar la potestad tributaria, considera que las reglas para el cómputo del inicio del plazo de prescripción establecidas en el artículo 44 del Código Tributario (Decreto Legislativo 816) y el inciso 7 del artículo 44 del Decreto Supremo 135-99-EF, incorporado por el Decreto Legislativo 1113, se encuentran circunscritas al cumplimiento estricto de los plazos de prescripción regulados por el artículo 43 del Código Tributario, no debiendo excederse de dichos plazos los procesos de fiscalización tributaria y de cobro de la deuda determinada.

La deliberación pública remota para ver este proyecto de sentencia se realizará el martes 22 de septiembre a las 9:30 de la mañana y se requiere de cinco votos para su aprobación. Ese día el magistrado Ernesto Blume Fortini se encargará de sustentar ante el Pleno del Tribunal Constitucional la ponencia de la referida demanda de inconstitucionalidad.

Autor: Energiminas (info@prensagrupo.com)