Tribunal Constitucional ordena «cese de hostigamiento» de Yanacocha a Máxima Acuña

Tribunal Constitucional ordena «cese de hostigamiento» de Yanacocha a Máxima Acuña

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC), en su sentencia Sentencia 411/2020, declaró fundada e improcedente la demanda de habeas corpus interpuesta por Mirtha E. Vásquez Chuquilín, en favor de doña Máxima Acuña Atalaya y don Jaime Chaupe Lozano, contra la resolución de fojas 1005, de fecha 17 de mayo de 2016, expedida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, y en contra de la minera Yanacocha.

Más precisamente, el TC ha declarado fundada en parte la demanda al haberse “acreditado la vulneración del derecho a la vida privada mediante el uso de la cámara de video vigilancia y el dispositivo dron. En consecuencia, reponer las cosas al estado anterior a la violación del referido derecho”.

El fallo del TC ordena además a la empresa minera Yanacocha S.R.L. el cese con los “actos lesivos a la vida privada de los demandantes, desinstalando los equipos audiovisuales y evitando el uso de dispositivos en las proximidades de la vivienda de la demandante”. Sin embargo, los magistrados declararon improcedente la demanda del extremo referido a la “alegada vulneración del derecho a la libertad de tránsito”. 

El 5 de febrero de 2016, Máxima Acuña Atalaya interpuso una demanda de habeas corpus contra la Minera Yanacocha SRL. Máxima Acuña solicitó el “cese de los actos de hostilización en contra de ella y de su familia” pues sostuvo que desde enero de 2016 la minera Yanacocha “ha hecho sobrevolar en el predio que reside un vehículo aéreo no tripulado comúnmente denominado dron”.

Un acta de visualización constató que, en efecto, el dispositivo sobrevolada la zona aledaña al domicilio de la demandante mas no se situó dentro de “los aires” de la casa ocupada por Máxima Acuña. Ahora bien, una diligencia corroboró además “la presencia de la cámara de video vigilancia localizada en el área aledaña al domicilio de la demandante”.

Máxima Acuña refirió además que la empresa minera colocó “tranqueras con vigilancia que controlan el paso por la única vía que la demandante hace uso para poder desplazarse (carretera Sorochuco-Santa Rosa)”. Con fecha 14 de marzo de 2016, Minera Yanacocha SRL contestó la demanda. Sostiene que en agosto de 2011 la demandante obtuvo precariamente la posesión de un terreno inscrito a nombre de la demandada.

Respecto al uso del dron, la empresa ha sostenido que el vuelo del referido aparato fue efectuado por la empresa vendedora de dicho dispositivo y que ello ocurrió en una sola oportunidad el día 19 de enero de 2016, día en el que, y mediante un vuelo de prueba de 10 minutos, analizó su adquisición.

Sobre la colocación de la cámara, la defensa de Yanacocha manifestó que su uso tiene por finalidad defender “su propiedad, instalaciones, bienes y amenazas a su personal que labora en esa zona”.

En síntesis, Máxima Acuña y su familia solicitaron “el cese de los actos de hostilización traducidos en actos de vigilancia y seguimiento de las actividades que realiza y la de su familia”. Los actos de hostilización estarían referidos a la colocación de una cámara de video vigilancia a 300 metros de su vivienda; el hecho de hacer sobrevolar un  dron por encima de su predio y el uso de tranqueras en la vía a Sorochuco.

Frente a estas imputaciones, la empresa minera ha sostenido que el uso de la cámara no vulnera o amenaza con vulnerar el derecho a la vida privada de la demandante, en cuanto no registra el interior de su vivienda.

Con respecto al dron, el TC refiere que, excepto en situaciones de interés público y de carácter humanitario, como por ejemplo en situaciones de emergencia o siniestros, los operadores de aeronaves pilotadas a distancia deberían tener prohibido sobrevolar predios privados o del Estado sin autorización previa del morador o de la autoridad pertinente.

El ponente ha sido el magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Los magistrados Miranda Canales, Blume Fortini y Ramos Núñez formularon sus fundamentos de voto. Emitieron votos singulares  los magistrados Ferrero Costa y Sardón de Taboada. Estos dos últimos magistrados refirieron que el extremo referido “al uso de nuevas tecnologías y que motivan la demanda de habeas corpus, debe declararse improcedente por las siguientes razones”.

“No se ha demostrado que la cámara de seguridad colocada por la demandada dentro del área que le ha sido concesionada, invada el espacio o la vivienda que ocupa la demandante, afectando su libertad personal o su derecho al libre tránsito. Igual razonamiento es aplicable en el caso de la denuncia relativa al uso de un dron, pues no se acredita que el uso de esta herramienta tecnológica haya generado dicha consecuencia”, argumentaron.

Autor: Energiminas (info@prensagrupo.com)