Han pasado más de cinco días y los reclamos de un grupo de trabajadores  de la empresa Nexa Atacocha frente al Congreso y el Ministerio de Trabajo continúan; alegan haber sido víctima de despidos arbitrarios tras la suspensión de actividades en la referida mina y exigen una mesa de diálogo para resolver los ceses en la empresa, a pesar de que la minera informó que su decisión obedece a razones económicas.

En una misiva enviada al ministro de Trabajo, Javier Palacios, por la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, los representantes sindicales señalan que el Gobierno no está ejerciendo su función fiscalizadora para que las empresas mineras cumplan las normas de salud y seguridad en el trabajo. Piden el fin de la figura de tercerización en el sector minero, del cese colectivo. En su pliego de reclamos también solicitan que el Ministerio de Trabajo fiscalice la imposición de las jornadas atípicas de trabajo, que superan los 28 días de labor continua y que fueron extendidos por el covid-19.

Según el comunicado emitido por Nexa, las medidas fueron adoptadas luego de una detallada evaluación que tuvo como finalidad mantener puestos de trabajo y asegurar la viabilidad económica. “Nexa reitera que la decisión de mantener la suspensión de las actividades subterráneas de la Unidad Minera Atacocha responde a factores económicos. Además, aclara que el componente del tajo abierto San Gerardo, la planta concentradora y las áreas de soporte pertenecientes a dicha unidad continúan con sus labores”, indicaron.

En el comunicado de la empresa, divulgado la semana pasada, se afirma que promovieron “espacios de diálogo con los trabajadores, autoridades de trabajo y las distintas Organizaciones Sindicales para alcanzar acuerdos. No obstante, al haberse agotado las vías de diálogo y en estricto cumplimiento de los dispositivos legales, se inició el procedimiento de cese colectivo en el mes de julio y que en la actualidad continúa su curso en las instancias laborales respectivas”. Nexa explica que ha otorgado licencias con goce de haber compensables, así como el pago íntegro de las remuneraciones y beneficios hasta el día en que se inició la suspensión perfecta de labores, aprobada por las autoridades.