En tres meses vence el EIA del proyecto Tía María, y antes de que eso suceda Southern Copper se ha comprometido a obtener la licencia de construcción.
No obstante, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, si bien reconoció que Tía María es uno de los proyectos prioritarios para el Ejecutivo, advirtió que el Gobierno pueda dar próximamente la licencia para las obras, pero que estas no se ejecutarán hasta que no exista mayor consenso por parte de la población local.
«Es un proyecto importante para el Perú, pero para ser viable tiene que realizarse con las mejores condiciones, y eso incluye el aspecto social. La misma empresa está comprometida en esa línea», afirmó Ísmodes a El Comercio.
Las palabras del ministro son importantes, pues nacen como un recordaris de lo que sucedió en el año 2015, cuando una serie de protestas sociales por el proyecto dejaron cuatro muertos y más de 300 heridos.
«Sabemos que los proyectos no pueden ser impuestos, que nunca ha habido buenos resultados en la imposición de los proyectos. No se busca unanimidad, pero sí mayor consenso, un mayor soporte social para llevar adelante el proyecto», agregó.
En ese sentido, remarcó que si no se consigue un mayor apoyo social a Tía María, «lo más probable es que haya un conflicto».
Southern Copper tiene un prespuesto de US$ 8,200 millones para invertir en Perú, entre los que resaltan los proyectos Tía María, Los Chancas y Michiquillay.
Solo en Tía María la inversión asciende a US$ 1,400 millones. La empresa prevé extraer 120,000 toneladas de cobre anuales, durante un aproximado de veinte años.
La mina requerirá unos 3,600 puestos de trabajo durante la construcción de las plantas de tratamiento del los minerales y 600 empleos directos en su fase de operación y otros 4,200 indirectos.
