El futuro del proyecto minero Tía María, ubicado en la provincia arequipeña Islay, está en riesgo no solo por las amenazas del gobierno actual de cancelarlo sino por errores que habría cometido la compañía de capitales mexicanos. Según La República, el 29 de diciembre de 2020, Southern Perú, propietaria del yacimiento, perdió la concesión definitiva de Vania, concesión minera de 200 hectáreas donde se ubicará la planta procesadora de mineral. 

Vania es una empresa minera que tenía un pedazo de esa área y que se sobreponía al proyecto de Southern. Después de una larga batalla judicial, Vania cedió la concesión a cambio de una compensación económica.

El Ministerio de Energía y Minas, a través del Consejo de Minería, revocó dicha concesión mediante la resolución N° 491-2020. Se argumenta que la empresa fue penalizada por no invertir ni producir en Vania durante los años 2017 y 2018. La medida no pone en riesgo la licencia de construcción otorgada a la minera en julio de 2019 porque no es vinculante.

Según la normativa minera del país, todas las empresas con concesiones que cumplan 10 años sin operación, tienen la obligación de un pago anual. Si el abono no se cumple por dos años consecutivos, la autoridad minera procederá a declarar la caducidad del derecho minero. En el caso de Southern, debía pagar US$ 2,400 (US$ 1,200 por año) por Vania.

En su argumentación por el “no pago”, la minera refiere que nunca fue notificada del procedimiento administrativo por lo que denunció afectación del debido proceso.

De no contar con el terreno para su planta, la minera debe reformular la ubicación de su planta. Ello implicaría volver a tramitar su licencia e incluso el Estudio de Impacto Ambienta, refiere La República. El pago de penalidad es una obligación legal de todos los titulares de concesiones que no realizan actividad.

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (Ingemmet), el 25 de febrero de 2019, a través de la Resolución de Presidencia N°467-2019-INGEMMET/PE, declaró la caducidad de la concesión Vania en primera instancia. El 21 de marzo de ese mismo año, la minera interpuso un recurso de revisión ante el Ingemmet. El caso fue visto recién en audiencia el 20 de noviembre de 2020 por el Consejo de Minería.