El Consejo de Minería le ha dado la razón a la minera Southern Copper y ratifica que la licencia de construcción del proyecto Tía María, en la provincia de Islay, Arequipa, cumple con todos los requisitos legales y ambientales para ponerse en marcha, refiere Canal N.

Recientemente, el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu Yousen, precisó que el Ejecutivo respetará la determinación del Consejo de Minería con respecto a ratificar o revocar la licencia de ese proyecto a cargo de la empresa Southern Copper.

El 9 de agosto pasado, el Ejecutivo suspendió la licencia de construcción otorgada a Southern Copper por un periodo máximo de 120 días.

En ese periodo, el Consejo de Minería tuvo la responsabilidad de resolver el recurso de revisión presentado por el Gobierno Regional de Arequipa ante el Ministerio de Energía y Minas, el 19 de julio.

Southern Copper publicó en su reporte financiero del tercer trimestre que “tres grupos que se oponen al proyecto” Tía María (Arequipa). La empresa refiere que uno de ellos es “un grupo de ambientalistas”. 

Southern ha asegurado que utilizará “los más altos estándares en materia ambiental a nivel internacional”. Ha explicado en varias ocasiones que Tía María usará 100% de agua desalinizada, no habrá relaves, la emisión de gases a la atmósfera será mínima debido a que la combustión será muy limitada y no habrá dispersión de polvo porque el mineral se almacenará en un domo. 

Tía María está ubicada en el desierto de Arequipa y las plantas industriales del proyecto estarán a 11 kilómetros del Valle del Tambo. “Considerando esta información, creemos firmemente que los argumentos de este grupo (de ambientalistas) son infundados”, indicaron.

Otro de los opositores, siempre según la empresa, al proyecto de US$1,400 millones es “un grupo de empresarios agricultores”  a los que “les preocupa la operación del proyecto porque creen que ocasionará un aumento en el costo de mano de obra en la región, en la medida que las compañías mineras pagan mayores salarios que los de la agricultura”. 

Indica la minera de Grupo México que estos “temen que sus operaciones puedan ser afectadas por la demanda por mano de obra de nuestro proyecto. Sin embargo, la evidencia demuestra que, debido a la especialización, la escala salarial de los trabajadores mineros no afecta los salarios de las actividades agrícolas”. Y añade Southern: “En consecuencia, esta preocupación parece no tener asidero”.

Por último, refiere la empresa que un tercer grupo opositor al proyecto de cobre es político y “está tratando de tomar ventaja de la situación actual para mejorar su status político al entrar en controversia con el proyecto”.

El 8 de julio de 2019, Southern recibió la autorización de construcción para este proyecto de crecimiento de 120,000 toneladas de cobre ESDE al año, con un presupuesto total de capital de $1,400 millones. 

Esta autorización fue obtenida luego de completar un exhaustivo proceso de revisión, cumpliendo con todos los requisitos que las normas establecen y levantando todas las observaciones formuladas. 

El 15 de julio de 2019, diversos grupos locales organizaron una manifestación violenta afectando las actividades económicas, así como otras actividades en la provincia de Islay. Estas acciones fueron seguidas por la presentación de tres reclamos ante el Consejo de Minería.